Un juez civil desechó la solicitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual lo amparaba de pagar 225 millones de dólares al consorcio de empresas mexicanas integrado por Caabsa, Omega, Dycusa y una china de nombre Sinohydro, quienes iban a construir hidráulica de Chicoasén II en 2015.
De acuerdo con información de Grupo Reforma, durante el 2015 el consorcio ganó la licitación de la central eléctrica ubicada en Chicoasén, Chiapas con una inversión de 386.4 millones de dólares.
Cabe destacar que el proyecto fue parte de una ampliación de infraestructura eléctrica con capacidad de 240 megawatts. Además estaba situado a 43 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez, y estaba ligado a 142 obras, 77 eran del tipo sociales y 65 proyectos productivos, las cuales calculaban un beneficio para aproximadamente 20 mil habitantes.
Pero el proyecto fue cancelado en 2017, cuando ya tenía un avance del 17 por ciento, principalmente por conflictos sindicales que ocasionaron paros indefinidos, cierre de obras y un sobrecosto de 70 millones de dólares.
Debido a esta situación el consorcio interpuso una demanda contra la CFE, ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, quien para principios de julio emitió un laudo arbitral “que obliga a la Comisión a pagar la reparación de daños por las pérdidas que se le ocasionó a los particulares”.
Por su parte, la Comisión impugnó la sentencia de Corte de Arbitraje, con lo cual se podría amparar y así evitar pagar los poco más de 200 millones de dólares. Sin embargo, el Juez Benito Zurita Infante, del juzgado segundo civil, desechó la solicitud.
La Comisión solicitaba una medida cautelar para evitar que el consorcio acudiera a un tribunal nacional con el laudo arbitral favorable. Pero cómo fue rechazada la petición, con eso se instruye a la empresa estatal a cumplir con el pago por los daños de no construir la hidroeléctrica.
Aunque, Iván Alemán, socio de A&S Abogados, consideró que la CFE todavía puede interponer algún recurso y un tribunal determinará si procede, pues menciona que existen tres razones para impugnar un laudo arbitral internacional, el primero es por vicios de origen, el segundo es que la cláusula arbitral no esté bien diseñada o bien demostrar que el laudo atenta afecta intereses del Estado.
