Un grupo de senadores de Morena propuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda atraer, de manera excepcional, la revisión de expedientes de carácter electoral turnados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando las resoluciones de este órgano pongan en riesgo los derechos político electorales.
La SCJN atraería este tipo de asuntos para preservar el orden constitucional, cuando se tenga como fin el aseguramiento del respeto al voto público, exista peligro de vulneración de los derechos políticos electorales de la ciudadanía o la autodeterminación de los partidos políticos, según la iniciativa.
Trece senador@s presentamos una iniciativa de reforma al artículo 99 de la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda atraer asuntos electorales relacionados con: respeto al voto, derechos político-ciudadanos y autodeterminación de los partidos. pic.twitter.com/6e7seqFNb5
— Martí Batres (@martibatres) August 6, 2020
Los morenistas avisan la “intromisión” del TEPJF en la elección de Morena y advierten de escenarios en los que este órgano podría desempeñarse de manera “arbitraria”.
La reforma adiciona la fracción X del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
“Para preservar el orden constitucional del país, sin la interrupción de los plazos correspondientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá, de manera excepcional, atraer la revisión de expedientes en conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando ello revista interés por su relevancia, tenga como fin el aseguramiento del respeto al voto público, o exista peligro de vulneración de los derechos políticos electorales de la ciudadanía o la autodeterminación de los partidos políticos”, reza la iniciativa.
Y se añade: “…. hoy en día estamos presenciando la intromisión indebida del TEPJF en el proceso interno de renovación de la dirigencia de Morena, vulnerando la libertad de organización y autodeterminación de los partidos políticos que consagra nuestra Constitución Federal. La sucesión de los casos señalados demuestra que el TEPJF puede ser arbitrario. Es en casos como estos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de tribunal constitucional último debe intervenir”, plantean.
Los legisladores mencionan el caso de la polémica elección presidencial de 2006, que por un margen de .53 por ciento el panista Felipe Calderón ganó al entonces perredista Andrés Manuel López Obrador, en la que los magistrados del TEPJF se desentendieron de los casos precedentes.
“En los casos de Tabasco 2000, Colima 2003 y Colima 2015, el TEPJF anuló una elección por la intervención indebida del titular del poder ejecutivo durante la contienda electoral. Esto lo hizo el tribunal en seguimiento de sus propios precedentes. Es decir, fue congruente con su propia práctica jurisdiccional. El problema es que, a mitad de esa praxis judicial, tenemos el caso de la elección presidencial de 2006, en la cual el titular del poder ejecutivo intervino durante la contienda electoral. El TEPJF, en este caso, no siguió sus propios precedentes, esgrimiendo como excusa que era imposible cuantificar el daño realizado por la indebida intervención exigencia que no se había establecido en los casos precedentes.
“Es de suyo evidente que los precedentes de 2000 y 2003 tenían más peso que la excepcional decisión de 2006, dado que el TEPJF retomó su criterio para anular la elección de gobernador de Colima en 2015. Adicionalmente, podemos enunciar otros casos en los que el TEPJF ha emitido sentencias muy cuestionadas, que han derivado en la violación del voto de la ciudadanía. En 2009 revocaron la candidatura a jefa delegacional de Clara Brugada en Iztapalapa”.
Los senadores refieren al documento a la elección presidencial de 2012, “en la que, por unanimidad, los siete magistrados del TEPJF desecharon la impugnación interpuesta por la Coalición Movimiento Progresista”.
“(El Magistrado) Pedro Esteban Penagos se refirió directamente a los casos Monex y Soriana. Apuntó que ‘las tarjetas, está demostrado, fueron entregadas a representantes del propio partido político. Por ello, es evidente que no existen elementos de prueba eficaces y suficientes para inferir que la distribución de estas tarjetas Monex se realizó a la ciudadanía, en general, con el fin de comprar o coaccionar el voto’. Afirmación que a todas luces es inexacta, toda vez que se aportaron abundantes pruebas para acreditar que las tarjetas fueron distribuidas a la población para votar por el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional. Más aun, hoy en día el entonces coordinador de campaña de Enrique Peña, está declarando ante la autoridad judicial, las cantidades ilegales de dinero que fueron destinadas a la campaña presidencial de Peña Nieto, con lo cual queda plenamente acreditado que rebasó topes de gastos de campaña y fue una contienda electoral inequitativa, causales suficientes para haber anulado dicha elección; sin embargo, el TEPJF resolvió lo contrario”.
Los senadores firmantes del grupo parlamentario de Morena, mayoritario en la Cámara Alta son: Martí Batres Guadarrama, Napoleón Gómez Urrutia, María Antonia Cárdenas Mariscal, Ovidio Peralta Suárez, José Luis Pech Várguez, Nestora Salgado García, Antares Vázquez Alatorre, Jesusa Rodríguez Ramírez, Citlalli Hernández Mora, Aníbal Ostoa, Daniel Gutiérrez Castorena, Blanca Estela Piña Gudiño y Gloria Sánchez Hernández.
Con información de Agencia Reforma.
