La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó las agresiones realizadas por parte de la policía municipal en contra de las mujeres manifestantes y personas que se encontraban en el momento de una manifestación pacífica que se realizó en León, Guanajuato, el 22 de agosto pasado.
A través de un comunicado, la CNDH exigió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva con perspectiva de género y sancione a los funcionarios públicos que violaron los derechos humanos de las víctimas.
De lo contrario, la autoridad mandaría un mensaje de tolerancia ante este tipo de conductas, lo cual es totalmente inadmisible en un Estado de derecho.
“Ante el contexto de violencia extrema en contra de las mujeres, que se vive en el Estado de Guanajuato, es indispensable que las autoridades ejerzan sus funciones con perspectiva de género y derechos humanos, para garantizar los mismos. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevé que la violencia feminicida se encuentra conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad del Estado3”, precisó.
La Comisión Nacional llama a las autoridades a cumplir con los deberes constitucionales y convencionales para brindar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. “Esta institución seguirá coadyuvando en el ejercicio de sus atribuciones a combatir la violencia en contra de las mujeres”.
El pasado 22 de agosto mujeres activistas exponían un caso de violencia sexual cometido por la policía municipal en contra de una joven; la policía realizó al menos 23 detenciones arbitrarias de 22 mujeres y un hombre, así como una serie de agresiones en contra de manifestantes, reporteras y personas que transitaban en el momento de los hechos.
En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, publicó que las detenciones se habían realizado por “actos vandálicos y agresiones a la autoridad en la manifestación violenta de esa tarde”.
Sin embargo, las personas detenidas fueron liberadas en la madrugada sin cargos, quienes señalaron que durante la detención habían sido víctimas de amenazas, así como de violencia física, consistente en golpes y ahorcamientos, las cuales pueden constituir actos de tortura. También se reportaron hechos constitutivos de violencia sexual en contra de al menos dos mujeres menores de edad.
