La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, se pronunció por la necesidad de sumar voluntades con todas las fuerzas políticas para crear una ley general que garantice el derecho a la alimentación.
La legisladora participó en el foro a distancia “Sesiones Parlamentarias Hambre Cero”.
La legisladora señaló que para México, como para muchos países de la región, los desafíos en torno a esta materia son diversos y complejos. En el país, advirtió, persisten las cifras alarmantes de subalimentación, pobreza y obesidad.
De acuerdo con datos oficiales, agregó, casi la cuarta parte de la población mexicana sufre carencia alimentaria, situación que se agrava entre la población indígena, personas con discapacidad y menores de edad.
Además, subrayó, nuestro país ocupa el primer lugar en tasas de sobrepeso y obesidad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En el encuentro, organizado por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, Rivera Rivera dijo que “los mexicanos estamos conscientes de que la lucha contra el hambre, la pobreza y todas las formas de malnutrición deben ser prioridad en las agendas político-legislativas”.
En este sentido, comentó que en los dos últimos años, el Frente Nacional contra el Hambre, del que es coordinadora en el Senado de la República, ha impulsado acciones para materializar este derecho fundamental: la garantía legal del derecho al consumo informado, la preservación de las semillas nativas y las formas tradicionales de producción agrícola.
De esta manera, dijo, se promovieron las reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado frontal de alimentos, así como la expedición de la Ley General de Fomento y Protección del Maíz Nativo.
En este contexto, la senadora señaló que un tema central a la organización es la creación de un proyecto de ley general sobre el derecho a la alimentación adecuada, que sea reglamentaria del texto constitucional.
Se trata, apuntó, de establecer principios y bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas, que determine la coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno y ámbitos de competencia para cumplir con este objetivo.
