Durante el Parlamento Abierto de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, los legisladores abordaron el dictamen con el que se pretende reformar los artículos 21 y 73 de la Constitución en materia de seguridad privada.
Dicha iniciativa pretende lograr una armonización de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, es decir, se prevé tener un marco jurídico homogéneo en cuanto a procedimientos, requisitos, criterios, equipo y registros de los prestadores de servicios, además de aportar información al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el parlamento virtual, la diputada de la fracción parlamentaria de Morena, Aleida Alavez Ruiz, también presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que la reforma suma gran relevancia ya que con ella, “se tendrá certeza de los prestadores de servicios de seguridad privada y del equipo que usan, lo que evitará que se cometan ilícitos por sujetos ajenos a la ley”.
Asimismo, la legisladora comentó que esta propuesta de reforma, además de identificar a los sujetos que aplicarán la nueva normativa, faculta al Congreso de la Unión a legislar esta materia, respetando la concurrencia de la federación, entidades federativas y municipios.
Además, establece que quienes se dediquen a esta actividad tendrán la certeza de un marco normativo coordinador, lo que les dará total certidumbre para invertir, independientemente de la entidad federativa o municipio en que se encuentren.
“La seguridad pública es un tema de la mayor importancia para la ciudadanía, sumamente complejo, con diversas vertientes, por lo que es necesario resolver este vacío normativo en materia de seguridad privada en beneficio del Estado de derecho y de la paz y tranquilidad de la población… Deben quedar en la legislación secundaria plenamente definidos los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno”, puntualizó la diputada.
Al respecto, también de Morena, la diputada Juanita Guerra Mena, señaló que el marco normativo bajo el que actualmente se regula es totalmente “insuficiente, disperso e incluso contradictorio”, lo cual dificulta el establecimiento de un estándar para el ejercicio en esta materia, pues sólo a nivel estatal, cada entidad federativa posee una ley cuyos contenidos coinciden poco o nada.
“Por lo anterior, se evidenció la urgente necesidad de modernizar y fortalecer las capacidades de regulación en la materia, que permitan establecer mecanismos adecuados y coordinación-corresponsabilidad, sin dejar en abandono al sector que mucho fortalece a los aspectos de prevención en el país”, explicó la legisladora.
