Esta tarde, la Sala de Plenos en San Lázaro aprobó un acuerdo para que los integrantes de la actual legislatura puedan buscar la reelección sin solicitar licencia al cargo, ni tampoco renunciar a sus apoyos económicos como legisladores.
Con 454 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, el Legislativo avaló dicho acuerdo, aún cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) perfilaba aprobar que los diputados federales que decidieran buscar la reelección tendrían que pedir licencia a su cargo 60 días antes del día de la elección
Es así que pasó el dictamen con el que prevé la comprobación y fiscalización de los apoyos económicos otorgados a los diputados que opten por la reelección a través de los lineamientos establecidos para ese efecto, además de poner disposición de la autoridad electoral la información relativa a la comprobación de dichos recursos.
Además, el acuerdo señala que los diputados de la 64 Legislatura podrán postularse al mismo cargo por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, independientemente de la vía por la que fueron electos en 2018.
También, se precisa que los legisladores podrán ser postulados a la reelección por un partido político distinto al que los llevó a la Cámara de Diputados o incluso buscar una candidatura independiente, siempre y cuando hayan renunciado a su filiación original antes de la primera mitad de la legislatura.
En este sentido, dicho acuerdo avalado por mayoría establece que “las diputadas y los diputados federales que manifiesten su intención de participar para el mismo cargo por un periodo consecutivo podrán optar por separarse del cargo actual, siguiendo las previsiones normativas correspondientes”.
Entre los puntos del acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara baja, se considera “la obligación de los legisladores de cumplir con las responsabilidades de su encargo y funciones legislativas, tanto en pleno, comisiones, comités y demás órganos parlamentarios”.
Asimismo, enfatiza que deberán abstenerse de usar los recursos públicos, tanto humanos como materiales y económicos inherentes a su función, para un fin distinto al que están destinados y con el fin de influir en la voluntad del electorado o en actos de campaña o en cualquier otro de proselitismo político.
