“El concepto, el dato y el garabato”: El combate a la corrupción a dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador

La semana pasada se cumplieron 2 años del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y uno de los ejes principales de la llamada “Cuarta Transformación” ha sido el combate a la corrupción.

Al intentar definir “la corrupción” nos enfrentamos a la prueba del elefante: —es difícil describir cómo es, pero cuando lo vemos, lo reconocemos—.

No existe consenso entre los expertos en cuanto a su definición, pero el denominador común es el abuso del poder público. La corrupción implica a las y los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones realizan acuerdos informales e ilícitos con el propósito de obtener beneficios individuales (como dinero, bienes, empleos, estatus o votos para una elección) a costa del erarioⁱ.

Podemos reconocer 2 categorías. Porque no es lo mismo un oficial de tránsito que recibe una “mordida” a un funcionario que recibe dinero o favores a cambio de otorgar contratos de obra pública millonarios. En el primer caso, hablamos de la “pequeña corrupción o administrativa”, que se da de forma más habitual y en donde se ven implicados servidores públicos de primer contacto con los ciudadanos. En el segundo caso, hablamos de “corrupción a gran escala o política”, donde se encuentran involucrados altos mandos de la administración pública en complejas redes de complicidad y donde los delitos que se cometen representan un gran impacto y profundos costos socialesⁱⁱ.

Es el caso, por ejemplo, de los sobornos de la empresa brasileña Odebrechtⁱⁱⁱ que asciendieron a 10.5 millones de dólares para obtener contratos en el sector petrolero y que sirvieron para financiar la campaña presidencial de 2012 o, la Estafa Maestra^iv, mediante la cual la SEDATU y universidades estatales desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de empresas fantasmas; dinero que debía llegar a las familias mexicanas más pobres.

Por otro lado, si cuesta trabajo definir la corrupción, otro problema al que nos enfrentamos es poder medirla. Organismos internacionales y la sociedad civil aplican instrumentos sobre la percepción y vivencias entorno a este delito.

Es el caso del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que en 2019 colocó a México en el lugar 130 de 180 países, una mejoría de 8 lugares con respecto a 2018^v. El Barómetro Global de Corrupción, que mostró que hace 3 años, 61% de los mexicanos consideraba que la corrupción estaba aumentando. En 2019, la percepción bajó a 44%. O la Encuesta del Latinobarómetro de 2019, donde 61% consideraba que el Gobierno de AMLO estaba actuando “bien” o “muy bien” en la lucha contra la corrupción, en contraste con apenas 24% de la percepción de las acciones del gobierno anterior^vi.

De esta forma, la percepción “pesimista” sobre la corrupción comienza a cambiar. Y esto no es gratuito, puesto que, desde el inicio de esta administración los esfuerzos se han concentrado en la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria. No obstante, quedan pendientes entorno a la operación del Sistema Nacional Anticorrupción en la articulación de las acciones de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Lo cierto es que hoy la corrupción se ha situado como el tema de mayor relevancia en la vida pública de México, pues a pesar de que siempre estuvo ahí —como el elefante en medio del salón—, los gobiernos anteriores hicieron muy poco por combatirla y no hubo sensibilidad social con respecto a sus enormes consecuencias negativas, convirtiéndose en un mal sistémicoⁱ.

Hoy es clara la voluntad de combatir la corrupción desde sus causas hasta sus consecuencias, y como afirma Jorge Zepeda Patterson: en un país tan desigual y de tantos privilegios, hoy se busca genuinamente el beneficio de los de abajo; se entregan recursos a beneficiarios sin pasar por intermediarios; se combate por primera vez la evasión fiscal y se elimina el gasto suntuario de los funcionariosⁱⁱ.

Los primeros pasos se están dando y hay voluntad política para erradicar la corrupción, pero esto no sucederá apelando al liderazgo ejemplar e impoluto de una sola personaⁱⁱⁱ. En un país donde los más altos mandos no sólo ignoraban sino hacían de la corrupción su modo de actuación, su combate deberá tener capacidad para instrumentarse.

Se necesitan fortalecer las instituciones y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; realizar investigaciones que lleguen hasta sus últimas consecuencias e imponer sanciones severas a quienes cometan actos de corrupción.

vii Arellano, G. D. y Castillo, S. M., ob. cit.

viii Sin Embargo, (01 de noviembre 2020). Soledad tumultoria. Columna de Jorge Zepeda-Patterson. Consultado en: https://www.sinembargo.mx/01-11-2020/3886528

ix Arellano, G. D. y Castillo, S. M., ob. cit.