Esta tarde la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de San Lázaro, avaló la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para modificar el régimen de pensiones en nuestro país, por lo que mañana será presentada en la Sala de Plenos para su discusión y posterior aprobación.
Pese a que el dictamen recibió la abstención del PRI y del PRD, con el respaldo de Morena y del PAN, se aprobó dicha reforma con la que busca reducir el número de semanas cotizadas de mil 250 a mil para que un trabajador alcance su jubilación.
En este sentido, el proyecto prevé, entre otros aspectos, reducir de mil 250 a mil las semanas de cotización al Seguro Social para tener derecho a una pensión, además de aumentar la aportación total a las cuentas individuales de los trabajadores de 6.5 por ciento, más cuota social, a 15 por ciento, incluyendo la cuota social.
Además, dicho incremento de la aportación patronal se hará gradualmente de 2023 a 2030, mientras la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor en 2023.
Los legisladores expresaron su respaldo a la propuesta presidencial de aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de las prestaciones de cesantía y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener una pensión mayor a dicho monto.
En la sesión, se recibió una recomendación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para rechazar la propuesta y evitar el establecimiento de límites máximos predefinidos, “o en su caso, que la regulación obedezca a estrictos criterios técnicos y esté apoyada por las mejores prácticas regulatorias del sector”, por tal motivo, se acordó instalar una mesa de análisis para revisar dicho límite.
Es importante destacar que este dictamen mantiene la propuesta de topar el cobro de comisiones que realizan las Afore a los trabajadores a un promedio obtenido entre los cobros que se hacen en Estados Unidos, Colombia y Chile.
Al respecto del tema, la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) ha sostenido que de avalarse un tope a las mismas, algunas administradoras podrían quebrar porque no tendrían los ingresos suficientes para sus gastos operativos.
