A 23 años de la masacre en Acteal, Chiapas, donde murieron niñas, niños, mujeres, algunas embarazadas, y hombres inocentes, la Organización Civil “Las Abejas”, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agilizar los casos de las víctimas caídas aquel 22 de diciembre.
A través de un comunicado, que a continuación se reproduce íntegro, los sobrevivientes y familiares de las 45 víctimas, pidieron justicia al organismo internacional así como a las autoridades gubernamentales en turno, ante un crimen cometido bajo la administración de Ernesto Zedillo.
Los sobrevivientes de esta cruel masacre que pertenecemos a la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal (Las Abejas), queremos que todo el mundo sepa que vamos a seguir buscando la justicia hasta alcanzarla. Que no nos hemos vendido, que no aceptamos la “solución amistosa” que el gobierno federal ofreció este año. Que respetamos a nuestras hermanas y hermanos que aceptaron la oferta del Estado. Más nosotros no nos cansaremos hasta ver que se sancionen a los responsables materiales e intelectuales de la Masacre. Queremos y exigimos justicia. Lo que pasó en Acteal no debe repetirse.
Al tiempo que el Estado mexicano -a través de su subsecretario de derechos humanos y el gobernador de Chiapas- simulan diálogos, a 23 años de impunidad en la masacre de Acteal, en lugar de que sus sobrevivientes vean llegar la justicia para sus familiares masacrados y puedan vivir en paz, primero llegan a ver su muerte. Así pasó con nuestro hermano y compañero sobreviviente don Manuel Gómez Pérez, quien el 22 de diciembre de 1997 sobrevivió la balacera y la masacre, perdiendo ahí a su esposa. El pasado 5 de diciembre, don Manuel fue a encontrarse ya con su familia masacrada.
Desde allá, en donde seguramente se encuentra Papá-Mamá Dios de la justicia verdadera, junto a Tatik Samuel Ruiz García y nuestros demás hermanos y hermanas que nos han acompañado en nuestra lucha, le pedirá para que sobre la masacre de Acteal se conozca la verdad, para que se investigue y se castigue a los autores materiales e intelectuales y que nosotras y nosotros que seguimos existiendo aquí, nunca dejemos de luchar por la justicia verdadera.
Don Manuel Gómez fue un gran músico tradicional. A través de la flauta invocaba el día 22 de cada mes, en Acteal, la memoria viva de los 45 mártires más los 4 bebés no nacidos. Él se nos ha ido, pero seguramente allá arriba, en el viento o en las nubes, en las estrellas o en el arco iris, en la lluvia o en la luz del sol, en el alba o en cualquier horizonte, en nuestro corazón o en nuestro pensamiento, su música estará sonando en armonía con la memoria y la esperanza de que un día, aquí en Acteal, en México y en el mundo, llegue la justicia verdadera y la paz para todas y todos.
Es por eso que pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que agilice la emisión del Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Urge que haga públicas las conclusiones de sus investigaciones y dé las recomendaciones necesarias al Estado mexicano, para que se haga verdadera justicia en el caso, enjuiciando a los autores intelectuales.
Desde que se fundó nuestra organización, Sociedad Civil las Abejas de Acteal, hace más de 28 años, hemos visto cómo el hostigamiento, la persecución y la criminalización, las amenazas de muerte, la cárcel, el robo y la destrucción de pertenencias, el desplazamiento forzado y el asesinato han sido el destino para quienes denuncian los engaños del gobierno y para los que no han querido ser cómplices de los grupos de poder aliados al gobierno en Chenalhó. Y todos estos delitos, incluyendo la Masacre de Acteal, jamás han sido investigados ni sancionados.
Así ocurrió en la Colonia Puebla en 2013. Pero en este caso comenzó a pasar algo más. Como se dieron cuenta de que cada vez hay más familias que están aceptando los apoyos del gobierno en cada paraje, exzapatistas y exabejas comenzaron a trabajar con los partidistas, ayudándoles y aconsejando a viejos paramilitares sobre cómo podían hacer para obtener más dinero de los funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal. Así fue como se creó un clima de linchamiento contra los católicos en la Colonia Puebla en 2013, en su mayoría abejas y bases de apoyo zapatistas, que terminó en su desplazamiento forzado por un año. Sólo con una multa pagada por el gobierno a los mismos que orquestaron la persecución, otorgándoles mayor presupuesto para sus programas gubernamentales, la comunidad aceptó que regresaran los desplazados, además de que los que quemaron casas y robaron propiedades de los católicos expulsados, nunca tuvieron que reparar los daños, porque el gobierno lo hizo por ellos.
De ese modo el gobierno “resolvió” el problema de los desplazados de la Colonia Puebla en 2014. Los causantes del linchamiento fueron premiados, tal como los paramilitares -asesinos confesos de la Masacre de Acteal- liberados masivamente a partir de 2009 y hasta 2012, fueron premiados con terrenos y pensiones mensuales. Y es así como también desde el 2001, se han dado una serie de retornos del desplazamiento forzado, sin justicia: los responsables de las acciones que llevaron a los compañeros a huir en 1997 de su comunidad y abandonar sus terrenos y pertenencias, nunca fueron juzgados ni sancionados. Pero los paramilitares con armas de grueso calibre responsables de los saqueos, quema de casas y amenazas de muerte, sí contaron con el apoyo monetario del gobierno para que, sin tener que pagar ellos por todo lo que destrozaron y robaron, se ofreciera una suma que ayudara a las familias desplazadas para reconstruir sus casas, lo que eventualmente ayudó a que muchas de estas familias empezaran a acostumbrarse a vivir de los apoyos gubernamentales.
De la misma manera, con la dichosa “solución amistosa”, el gobierno federal y estatal pretendió dar carpetazo al caso Acteal, ofreciendo dinero para obras públicas que favorezcan a los familiares y sobrevivientes, sin que los responsables de la masacre sean enjuiciados ni sancionados. Apuestan a que el cansancio y el desgaste debiliten tanto a las víctimas de la violencia, que aceptarán cualquier condición para que “se arregle su problema” y traten de hacer como que no pasó nada. Y los que causan la violencia cobran una jugosa suma para que se diga que el problema que ellos mismos orquestaron ya quedó solucionado, haciendo quedar al gobierno como el único que puede ayudar efectivamente a que se resuelvan “los problemas comunitarios”, que en realidad son problemas o conflictos generados por causas políticas y por la impunidad que otorga la autoridad.
Por eso decimos que en México sólo se administra la justicia como una forma de hacer negocio. Pues nosotros hemos vivido repetidamente cómo una y otra vez, desde el Plan de Campaña Chiapas 1994, los gobiernos estatales y federales, el Presidente Municipal y su gente partidista que comete violencia contra los que resisten autónomamente en las comunidades, han estado todos de acuerdo.
Nunca olvidaremos que 5 días antes de que fueran masacrados nuestros 45 hermanos y hermanas más 4 bebés no nacidos, se realizó un último diálogo en el paraje Las Limas del municipio de Chenalhó, en donde estuvieron el presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz del ejido Puebla, acompañado de su ayuntamiento, de agentes rurales y pastores evangélicos, el Concejo Autónomo de Polhó, representantes de nuestra Organización Las Abejas de Acteal, así como observadores de derechos humanos, tales como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes de la extinta Comisión Nacional de Intermediación y la Cruz Roja Nacional e Internacional. Sin embargo, mientras sucedía ese pretendido diálogo, los paramilitares estaban quemando casas y saqueando pertenencias de una familia de Las Abejas de Acteal, quien 5 días después fue masacrada casi por completo en Acteal.
De una forma parecida sucedió el ataque a la caravana de ayuda humanitaria para los desplazados por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, Chenalhó. Se había firmado ya un “Acuerdo de solución definitiva”, sin embargo 3 días después, como lo denunció el Frayba, se produjo este ataque con armas de alto calibre, organizado por un grupo armado de corte paramilitar resultando baleada la camioneta de la Organización Fideicomiso para los niños y niñas de Chiapas, coordinada por la actriz y hermana de lucha, Ofelia Medina. Aquí salió herida de bala nuestra hermana Chabelita, religiosa de la Diócesis de San Cristóbal. Sin embargo, no entendemos cómo es que el conflicto sigue cuando el gobierno estatal y federal tienen conocimiento pleno del caso.
Pero toda esta impunidad ha ocasionado directamente una descomposición tan alta del tejido social, que la violencia se ha disparado en direcciones inimaginadas. En Chiapas, no sólo los agresores nunca han sido investigados y sancionados, sino que los paramilitares conservaron sus armas desde 1997. Todos estos años han seguido siendo beneficiados con presupuesto público para aumentar sus arsenales, pues han funcionado como grupos de choque en administraciones sucesivas, poniéndose al servicio del partido o encargo que más les convenga. Sólo esto puede explicar la gravedad de la situación tanto en Aldama y Santa Marta, como en Tila y Moisés-Gandhi. Por eso, lo único que realmente solucionaría la situación de los desplazados en la entidad, es un verdadero desarme de los paramilitares que actuaron en la Masacre de Acteal y en la Zona Norte desde 1995, así como de los actuales grupos de corte paramilitar que operan actualmente en estas zonas.
Como integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, junto con nuestros hermanos zapatistas y de todas las otras organizaciones que se coordinan en el Congreso Nacional Indígena, estamos en lucha precisamente para que en nuestro país y en nuestras comunidades la justicia no sea un jugoso negocio para algunos, sino una forma de que verdaderamente se solucionen los problemas sin dinero de por medio. Donde los que tienen responsabilidad no puedan seguir haciendo daño y donde verdaderamente se restablezca la paz en las comunidades, lo que sólo puede ocurrir cuando se respeta la dignidad y los derechos de las personas.
Sin embargo, la justicia en México es un negocio y está plagada de corrupción e impunidad. No nos engañemos en creer que todavía se va a componer el sistema de justicia en México, mientras el poder está en manos de los ricos, de los partidos políticos, de los militares, de los narcos y demás criminales.
Acabamos de ver cómo el pasado 23 de noviembre, el gobierno federal pasó por alto amparos y resoluciones judiciales para desalojar a nuestros compañeros que se oponen al Proyecto Integral Morelos y a la construcción de la Termoeléctrica en Huexca. Lo mismo hace con la construcción del mal llamado Tren Maya.
El Estado mexicano mandó a la Guardia Nacional para que a las 2 de la mañana desmantelaran el plantón que mantenían los ejidatarios desde 2016 en las orillas del Río Cuautla, todo para poder seguir construyendo la gran obra que quieren inaugurar este mismo mes en la tierra de Zapata, para quitarle el agua a los pueblos y dársela a las empresas trasnacionales, agua para enfriar sus turbinas de generación de energía para las fábricas que piensan instalar en esa región.
Ya no es tiempo de quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo en la construcción de la Otra Justicia, guiándonos de aquellos buenos consejos de nuestros ancestros, porque ellos sí supieron mantener la paz con una justicia verdadera durante su vida.
Es tiempo de confiar en nosotros mismos. Tenemos que darnos esa oportunidad de decidir y aplicar la justicia, una justicia humanizada, una justicia que no se negocia ni se condiciona, una justicia incorruptible. La justicia que queremos debe ser sanadora, restaurativa, armonizadora y regeneradora de los tejidos sociales y comunitarios. Y una muestra de esa justicia nos la dieron nuestros abuelos y abuelas.
La justicia de antes no tenía amigos ni compadrazgos, se aplicaba la justicia y ya. Se buscaba la reconciliación y la paz, y así, nadie quedaba herido o con rencores, porque lo que importaba era recuperar la armonía y la dignidad, tanto del que cometió la ofensa como del ofendido y de la misma comunidad. En el caso de delitos graves, si la autoridad comunitaria y la comunidad no podían resolverlos, se entregaba el culpable a las autoridades competentes para que lo juzgaran y condenaran por el crimen que cometió.
Pero en el caso de la Masacre de Acteal, no se trató de un homicidio cometido por un particular, no fue a causa de un pleito de borrachera, no llegaron a matarnos unos locos sólo porque quisieron matar. No.
La Masacre de Acteal la cometieron un grupo de paramilitares priistas, creado por el Estado mexicano, financiado, armado por el propio Estado y entrenado por el Ejército mexicano, para cumplir la misión de terminar con las comunidades y pueblos quienes luchan para que se acabe el mal gobierno, la explotación y el despojo de tierras y territorios. La Masacre de Acteal se cometió en el marco de la guerra de contrainsurgencia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al que el Estado mexicano y su Ejército le llamaron “Plan de Campaña Chiapas 94”. En esta masacre murieron niñas y niños, mujeres embarazadas, mujeres y hombres, ancianas y ancianos miembros de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal; ellas y ellos, junto con el resto de dicha organización pacífica y no violenta, exigieron el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre “Derechos y Cultura Indígena”, firmados entre el Gobierno federal y el EZLN.
El cumplimiento de dichos acuerdos e integrarlos a la Carta Magna, significaba reconocer la libre determinación, autogobierno y autonomía de las comunidades y pueblos originarios de México, pero el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, asesorado por los ricos empresarios y los gobiernos de otros países con intereses mercantiles dentro de las tierras y territorios nuestros, decidió incumplir esos acuerdos porque serían un candado para su Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por lo tanto, para echar abajo los acuerdos de San Andrés, pusieron en marcha la guerra de contrainsurgencia, metiendo terror tanto en las comunidades zapatistas como en las comunidades y pueblos no zapatistas que también luchaban por el mismo objetivo, aunque con diferentes métodos.
Como vemos, la masacre de Acteal, fue el resultado de un conflicto político y económico entre los intereses capitalistas y la defensa de los territorios ancestrales de nuestros pueblos. Por lo tanto, sus autores tanto materiales como intelectuales tendrán que ser llamados a comparecer ante una justicia verdadera, pero no para reconocer un error sencillo. Lo que queremos y exigimos es que Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor, Gral. Enrique Aguirre Cervantes, Julio César Ruiz Ferro, Uriel Járquin Gálvez, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Guzmán entre otros nombres, de acuerdo a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número:1/1998 sean detenidos, juzgados y que se les condene con cárcel, procurando que no salgan bajo fianza porque cometieron un crimen de lesa humanidad.
Para que esto suceda, se tienen que dar varios pasos concretos: el más cercano es que se emita ya el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde esta Comisión pida al Estado mexicano juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal. El otro paso es continuar con la organización, creación y construcción desde los pueblos de una justicia verdadera, llámese Otra Justicia, para que hechos como el de Acteal y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en México, ya no vuelvan a suceder.
Hermanas y hermanos, este es el tipo de justicia que queremos y merecemos, no sólo para el caso Acteal, sino para todos los dolores e infamias que se han cometido en la historia de México desde la era tirana de los priistas y panistas, y ahora con el gobierno de la 4T, que aunque dice ser de “izquierda y de los pobres” permite, entre muchas otras cosas, criminalizar y asesinar a defensores y defensoras de la vida y de la tierra-territorio de nuestros pueblos, tanto en Chiapas como en todo el territorio nacional.
Como sobrevivientes de la Masacre de Acteal y miembros de Las Abejas de Acteal, estamos decididos a seguir el camino de la búsqueda y construcción de una justicia verdadera, aunque nos ofrezcan dinero, diálogo y justicia simulada, no la aceptaremos. Primero está nuestra dignidad y las convicciones en las que fuimos criados por las sabidurías de nuestros ancestros mayas tsotsiles. Aun cuando se haga justicia y se condene a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, nuestra lucha y organización va a seguir siempre; no puede haber límites o fin, sólo existen etapas y ciclos que se cierran, pero continúan, así es nuestro pensamiento.
Les invitamos a todas y todos para que desde su espacio de lucha, desde su comunidad de origen, desde su pueblo y desde su nación y país, luchen también, a que no se desanimen; que nadie se quede atrás, que nadie siga sufriendo. Es la hora de decir que queremos seguir con vida, vivir en paz con justicia y libres para poder cuidar nuestras tierras y territorios. Porque ya no queremos más masacres ni asesinatos como el de nuestro hermano Samir Flores Soberanes y ahora, de nuestros cuatro hermanos y hermanas más del Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata que fueron ultimados hace tres días en Guerrero.
Justo cuando pedimos justicia por la Masacre de Acteal y decimos “masacres nunca más”, el mal gobierno, los políticos, los ricos, los narcos y paramilitares, responden con más sangre, odio y muerte. Por eso nos duelen tanto los infames acontecimientos del pasado 19 de diciembre, cuando fueron primero desaparecidas, torturadas y luego asesinadas: María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y José Benito Migueleño y Miguel Migueleño. Nuestros compañeros del CIPOG-EZ, que con esto lloran ya a un total de 22 compañeros asesinados durante la presente administración federal, hacen responsables de este crimen al “gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado”.
Por último, señalamos que el Estado mexicano es responsable de todos los hechos de violencia, desalojos, desplazamientos forzados, asesinatos a periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, de la vida y de nuestros territorios, así como de las masacres que ha habido actualmente. También es responsable de la militarización de nuestros pueblos, y por ello, de violar nuestros derechos humanos como pueblos originarios. Nos solidarizamos y nos hermanamos con todas las luchas de los pueblos de México, tanto del Congreso Nacional Indígena como de otras organizaciones en el país y en el mundo, que de manera conjunta defendemos la vida, nuestras tierras y territorios.
Desde la Tierra Sagrada de Acteal, por la memoria de nuestras hermanas y hermanos masacrados y por nuestro tiempo presente, solicitamos que la CIDH emita ya el Informe de Fondo. Exigimos Justicia Verdadera y duradera, exigimos paz, exigimos respeto y reconocimiento a nuestra autonomía y libre determinación como pueblos originarios.
