El pasado 15 de octubre, Salvador Cienfuegos Zepeda, aterrizó en el aeropuerto de los Ángeles, Estados Unidos con un solo objetivo, disfrutar unas vacaciones en conjunto con su familia.
Esa misma tarde autoridades norteamericanas detuvieron al ex secretario de la Defensa, por presuntamente mantener nexos y recibir sobornos del grupo criminal mexicano H2, el cual estaba relacionado con los Beltrán Leyva, y se dedicaba a traficar diversas drogas al país estadounidense.
Después de dicha detención, las autoridades norteamericanas iniciaron los procedimientos legales correspondientes en contra del ex funcionario. Y aunque la defensa de Cienfuegos ofreció el pago de una fianza de 750.000 dólares por su libertad, la decisión fue rechazada por el alto riesgo de fuga.
Sin embargo, semanas después, autoridades mexicanas mostraron su descontento públicamente porque Estados Unidos no solo detuvo al general de manera sorpresiva; sino también porque para llevar a cabo dicho arresto, el país de las barras y las estrellas realizó una operación discrecional llamada “El padrino”, la cual duró 7 años, y tuvo como objetivo investigar los movimientos del militar mexicano, para encontrar si efectivamente estaba vinculado con grupos criminales.
Ante la queja del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por la secrecía con la que Estados Unidos realizó las investigaciones, autoridades de Washington decidieron retirarle los cargos al militar, en aras de que fuera juzgado en territorio mexicano.
Pero eso sí, el Gobierno de Estados Unidos envió a México 700 páginas de pruebas que cimentaban el caso contra el exjefe del Ejército; sin embargo, a pesar de las supuestas evidencias, ayer por la noche se dio a conocer la sorpresiva noticia de que Salvador Cienfuegos sería exonerado de sus cargos, debido a que no se encontraron pruebas suficientes en su contra.
