Durante el Parlamento Abierto “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y. adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, expertos, investigadores y representantes del sector privado manifestaron sus opiniones respecto de la propuesta enviada por el presidente de la República a la Cámara de Diputados.
Humberto Ríos Bolívar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y editor de la Revista de investigación acreditada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tectología (CONACYT) “Panorama Económico”, mencionó que la iniciativa que propone el Gobierno Federal busca fortalecer el suministro de energía.
Subrayó que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá como consecuencia el apoyo al crecimiento y al desarrollo económico que tanto necesita México. En el plano presupuestal y financiero se fortalecer a la CFE, la hacienda pública y de alguna manera también a la iniciativa privada, apuntó.
Del el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Ernesto García Monroy resaltó que el impacto presupuestario de la iniciativa es positivo para las finanzas públicas de la CFE, el cual derivaría de la mayor generación, compra o entrega de energía.
Manifestó que no se cuenta con información del término de los contratos, por lo que la magnitud de la afectación que derivaría de la iniciativa, “no es posible de estimar” y llamó a considerar las externalidades por la renegociación o terminación anticipada de los contratos. Además, destacó que con la capacidad instalada de CFE se podría cubrir la demanda nacional, si se logra utilizar toda, pues actualmente sólo usa 51 por ciento.
Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, señaló que el tema es de seguridad nacional, por lo que llamó a promover una política energética en tres objetivos: confiabilidad, costo y sostenibilidad.
Mencionó que no sólo se trata de costos, sino tiene que ver con un mercado que no tiene competencia perfecta, ya que tiene oligopolios y pocas empresas. Se necesita, dijo, un sistema eléctrico flexible y adaptable, así como fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de tener un sistema que contribuya al desarrollo.
El presidente de Cluster Energía de Nuevo León, César Cadena Cadena, resaltó que el costo económico total de estas medidas es una nacionalización de la industria eléctrica con un costo alto para el país, ya que se favorece a CFE y se reconstituye el monopolio público eléctrico.
Refirió que, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 30 por ciento del gasto familiar ocurre en mercados donde la competencia es débil y los precios son 40 por ciento más altos de los que podrían ser si los mercados fueran competitivos, siendo las más afectadas las familias pobres que gastan el 42 por ciento de sus ingresos. Llamó a no aceptar la iniciativa y aplicar la ley vigente.
David Miranda Pérez, extrabajador de Luz y Fuerza del Centro y exrepresentante sindical en el SME, expuso que a lo largo de 30 años de gobiernos neoliberales ha persistido el mito de un abaratamiento de las tarifas y el mejoramiento de los servicios, cuando la realidad “la vivimos las y los mexicanos que vemos engrosados los recibos de la luz”.
Conforme a diversos datos, entre 2009 y 2018, las tarifas eléctricas tuvieron un incremento de hasta 300 por ciento, particularmente las domesticas y de alto consumo. “Es un tema de seguridad nacional; las privatizaciones no le han traído al país ningún beneficio; la iniciativa del Ejecutivo plantea un orden en el despacho de la energía”.
