La ex titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga se quedó sin opción de negociar un procedimiento para que se le reduzca la condena en cuanto al proceso penal por el ejercicio indebido del servicio público y también para acceder a beneficios jurídicos bajo el esquema de criterio de oportunidad a cambio de entregar información sobre los funcionarios que participaron en la “Estafa Maestra”.
La Fiscalía General de la República (FGR) respondió al juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplen los requisitos de procedibilidad para negociar una reducción a su condena, tal como la defensa lo planteó el pasado 10 de febrero durante la audiencia, en donde Robles Berlaganga ofreció declararse culpable por el delito que se le imputa y aportar información que lleve a juicio a los funcionarios ligados al desvió de recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos.
No obstante, en la resolución judicial el juez Villar Ceballos señaló que con su respuesta la FGR incumplió con lo ordenado durante la audiencia, en la que fijó un periodo de cinco días para establecer los mecanismos de negociación entre la ex funcionaria y la fiscalía.
Por su parte, el impartidor de justicia refirió que en el acuerdo, “se precisa a la fiscalía que en términos de lo instruido por el juez de control en la audiencia de 10 de febrero del año en curso, los cinco días que se le otorgaron son para informar la manera en que se instrumentará el acercamiento con las partes para concretar o formalizar la propuesta de procedimiento abreviado o del criterio de oportunidad, en la modalidad, fecha y lugar que determinen las partes”.
“De ahí que si de los registros que integran esta causa se advierte que la defensa ya le presentó un escrito en que le solicitó se designe a un funcionario con capacidad de decisión con el que se puedan llevar a cabo negociaciones y evitar triangular información, estaría pendiente de la contestación a dicho escrito, así como, en su caso, la modalidad, fecha y hora en que se realizarán dichas negociaciones”, señala el acuerdo.
Cabe destacar que la FGR envió el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021 elaborado “por la agente del ministerio público titular de la agencia vigésima primera investigadora, de la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informa que la imputada compareció ante la representación social mediante escrito, en el cual señaló su disposición para obtener una salida anticipada, pero no se cumplen los requisitos de procedibilidad para que ésta acceda al procedimiento abreviado o al criterio de oportunidad por los motivos que expone, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
La ex funcionaria pública, a solicitud del Ministerio Público federal, está presa desde agosto de 2019 por un delito que no está tipificado como grave. Sin embargo, en el supuesto de obtener su libertad por este delito, la FGR ya cuenta con una orden de aprehensión contra Robles Berlanga por delincuencia organizada, por lo que no tendría derecho a la libertad bajo fianza.
De esta manera, sigue firme la audiencia intermedia, programada para el próximo 26 de febrero, en la cual se definirá la legalidad de las pruebas con las que se definiría una sentencia contra la funcionaria de confianza que trabajó en dos secretaría de la administración pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
