Durante la Sexta Sesión del Seminario Permanente “Democracia y elecciones en el mundo”, convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera Carla Humphrey, aseguró que el proceso electoral en curso cuenta con las herramientas necesarias para que se niegue la candidatura a cualquier persona que ejerza violencia política en razón de género.
“Una persona que violenta políticamente a las mujeres no cumple con un modo honesto de vida y, por tanto, no se puede registrar a un cargo de elección popular y es obligación de las autoridades administrativas, que son las que en primera instancia, resuelven sobre postulaciones de los partidos políticos, acatarlas”, sentenció durante su participación en el seminario.
Explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos tampoco postulen a personas que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o que sean deudoras alimentarias morosas.
Detalló que a partir del formato que deben presentar los aspirantes a una candidatura conocido como la 3 de 3, se puede conocer si el aspirante es apto para la postulación, y aunque señaló que “si bien no pudo establecerse como un requisito, sí es un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad que, de no cumplirse o mentir, impacta en el incumplimiento del modo honesto de vivir que se necesita para el registro a un cargo de elección popular”.
“Estamos avanzando, pero tenemos casos límites muy mediáticos en México, muy desafortunados y una forma de violentar a las mujeres es no darles acceso a justicia pronta y expedita. No hay sentencias porque hay carpetas congeladas en las fiscalías, porque se alargan juicios”, indicó.
Por ello, estimó que resulta necesario rediseñar esta declaración 3 de 3 y, sobre todo, hacer eco de los señalamientos por parte de organismos internacionales de que en México las mujeres violentadas sexualmente no reciben atención, ni justicia pronta y expedita. Además, consideró fundamental que el Estado mexicano haga énfasis en la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y de la cual la violencia política es sólo una parte.
Además recordó las acciones que desde el órgano electoral se han desarrollado para garantizar que las reformas en materia de paridad y violencia política de género sean efectivamente aplicadas, tales como la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra la Mujeres en Razón de Género que desde su creación, en septiembre del 2020 a la fecha, cuenta con 21 personas inscritas, 17 hombres y cuatro mujeres.
