Este viernes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados arrancó las sesiones públicas para exponer las pruebas presentadas por diversas dependencias gubernamentales para solicitar el retiro del fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Durante la sesión, el abogado defensor del mandatario, Alonso Aguilar Zínger, consideró que “el ventilar de forma pública los señalamientos en contra de su cliente va en contra de diversas disposiciones sobre la secrecía de un procedimiento penal en la etapa en la que se encuentra este momento”.
Por ello, pidió suspender la audiencia sobre el desafuero, o de lo contrario se violarían los principios de presunción de inocencia y violación de sus derechos que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al mandatario estatal, quien ha sido señalado por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Por su parte, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, señaló que dicho organismo presentó la querella en contra del gobernador tamaulipeco, luego de recibir documentos en los cuales “se podría configurar algún delito”, al tiempo que aclaró que la encargada de determinar si efectivamente hubo algún ilícito es la Fiscalía General de la República (FGR).
En su intervención el presidente de la Sección Instructora, el legislador de Morena, Pablo Gómez, pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, que presentara los argumentos por los cuales inició un proceso de investigación en contra del García Cabeza de Vaca.
En este sentido, el titular de la UIF, explicó que la dependencia que encabeza, detectó “la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la capital del país, por un valor de 42 millones de pesos, además de la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, valuado en 38 millones de pesos, el cual fue adquirido a través de una empresa “fantasma” propiedad de un socio del mandatario panista.
A su vez, el expediente de Francisco “N”, detalla que este compró a través de socios y familiares diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, así como en McAllen y Edimburgo, Texas, valuados en precios que van de los 5.9 a los 10.7 millones de pesos. “En general tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a la familia (del gobernador) y el ingreso que pudo haber tenido en sus años de servicio”, afirmó Nieto Castillo.
