La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados arrancará este lunes, la discusión y votación de un proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, tras blindar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero.
El pasado 2 de marzo, el Congreso local, aprobó un acuerdo para establecer las reglas del “proceso de homologación” para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del Estado, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política, referente a la responsabilidad penal de los diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como del gobernador.
En razón de ello, la Jucopo, determinó que no existe fundamento constitucional y vía legal ante el blindaje aprobado por el Congreso Local, por el proceso de desafuero que enfrenta el mandatario tamaulipeco, quien es acusado de su probable participación en delitos relacionados con la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Por ello, a través de la Mesa Directiva del Recinto Legislativo, se determinó promover la moción para impugnar legalmente el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento de homologación”, bajo el argumento de que la declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que los congresistas estatales no se pueden atribuir esas funciones.
Lo anterior, con el argumento de que la declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y los congresos locales son notificados del hecho, para que el señalado quede a disposición del Ministerio Público, no para que los congresistas locales emitan un nuevo pronunciamiento.
El documento aprobado por los líderes parlamentarios en San Lázaro, estará firmado por la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, y va dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con el fin de demandar que la controversia constitucional referida sea resuelta de manera prioritaria.
Es así que a través de este recurso, los legisladores federales pedirán la invalidez legal de la norma local aprobada por considerar que viola el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados, pues “la declaración de procedencia tiene como fin conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o el Ministerio Público, a través de la presentación de pruebas contra diversos servidores públicos, por su probable responsabilidad penal”.
Indica que la facultad en esa materia, compete a la Cámara de Diputados, como lo marcan los artículos 74, fracción V; 108 y 111 de la Constitución; diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; así como otras previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General. El artículo 111 constitucional establece que, para proceder penalmente contra diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura, secretarios de Estado, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR); y consejeros electorales, por la comisión de delitos durante su encargo, la Cámara declarará por mayoría absoluta, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
