Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de establecer sanciones a todo aquel que cometa robo acuícola, así como que se apodere de uno o más ejemplares de especies de flora o fauna acuáticas destinadas al cultivo, sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos.
Por unanimidad, con 428 votos, el dictamen que prevé adicionar un artículo 381 Quintus al ordenamiento, ya fue remitido ante el Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En este sentido, las sanciones que establece van de uno a tres años de prisión y multa que deberá exceder el triple del valor de los sustraído, para quien robe de cinco unidades o menos; y para quien sobrepase esa cantidad, se le impondrá la pena de dos a diez años de prisión, así como su respectiva multa.
A su vez, para aquellos que provoquen el sacrificio, envenenamiento o enfermedad de especies de flora y fauna acuáticas destinadas al cultivo, se equipara al delito de robo acuícola y se sancionará con la misma pena que por el robo de más de cinco unidades.
En la exposición de motivos, la diputada por Encuentro Social, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, aseguró que con esta reforma se atienden demandas de los productores acuícolas en comunidades rurales y que, en su mayoría, sufren condiciones de marginación.
La legisladora, puntualizó que el robo acuícola no está tipificado como delito en el sistema jurídico, ya que, en atención al principio de estricta aplicación que norma el derecho penal, estas conductas no configuran en el delito de abigeato; por ello, “en la Comisión de Justicia coincidimos con la gravedad del problema y la intención de la iniciativa que pretende combatir el robo acuícola”.
Agregó que la producción a gran escala se realiza en jaulas, pero los altos costos de la electricidad dificultan instalar infraestructura específica contra el robo y la mayoría de los pescadores optan por tener sus jaulas a oscuras, situación que ha desencadenado una serie de inconvenientes que atentan contra la seguridad. “Este tipo de delitos se ha convertido en una de las actividades de la delincuencia organizada, lo que origina pérdida de cientos de toneladas. Este delito ya es el modus vivendi de varios delincuentes y actualmente no es sancionado”, manifestó.
También de Encuentro Social, el diputado promovente, Ricardo De la Peña Marshall, afirmó que es importante proteger esta actividad productiva debido a que es primordial para reforzar la seguridad alimentaria de poblaciones locales y crear empleos. “Es necesario dar una solución a esta problemática porque, lamentablemente, perjudica el desarrollo de la actividad acuícola y pesquera, repercutiendo en el ámbito social con el cierre de granjas productivas y pérdida de trabajo”, indicó.
