Con seis votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Justicia avaló los cambios que propuso la Cámara de Diputados al proyecto que busca expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
En el dictamen, senadoras y senadores manifiestan su preocupación y discrepan de las modificaciones realizadas por la colegisladora, pues lejos de mejorar el proyecto original que avaló el Senado, “infringen derechos humanos y violan la Constitución”.
“Realizando una ponderación de las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de la sociedad inmersos en la regulación del cannabis”, aprobaron las modificaciones al proyecto de decreto para avanzar en el proceso legislativo.
Algunos de los cambios realizados por los diputados son la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, la implementación de permisos para autoconsumo y la supresión de la prohibición de la venta de 28 gramos de cannabis psicoactivo.
En el documento se explica que las modificaciones ocasionaron imprecisiones, como la relacionada con la cadena de producción, consumo de cannabis y en el otorgamiento de licencias, además de que no existe claridad sobre la forma en la cual se efectuará y se autorizará la investigación relativa a los distintos usos del cáñamo.
Además, se agrega en el dictamen, se estableció un trato diferenciado y discriminatorio para personas sentenciadas o procesadas por delitos del fuero común, entre otros aspectos.
No obstante, se aclara que con la aprobación de la minuta se permitirá iniciar con la implementación -aunque paulatina- de la regulación del cannabis psicoactivo, permitiendo con ello el goce efectivo del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.
También se podrá comenzar con el impulso a la industria del cáñamo e iniciar a los plazos determinados en las disposiciones transitorias.
En el dictamen se sugiere que las legisladoras y los legisladores, una vez que entre en vigor esta nueva ley, presenten iniciativas que contengan propuestas “tendientes a enmendar los yerros en los que incurre la Cámara de Diputados, así como aquellas que consideren necesarias para la adecuada implementación de la regulación integral del cannabis”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, expresó que con la minuta que llegó de la Cámara de Diputados se modificó y alteró la esencia de lo que en el Senado se trabajó.
Dijo que es necesario dar un paso adelante con la aprobación de este dictamen. Propuso que los legisladores presenten iniciativas para adecuar esta normatividad, a fin de atender la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y generar un clima de “no prohibición” y de participación social.
“No debemos caer en una simulación, porque parecería que nos estamos peloteando un asunto entre la Cámara de Diputados y el Senado, y dejamos de atender un tema fundamental de derechos humanos”, subrayó.
La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, dijo que la reforma sigue sin delimitar el acceso de las niñas, niños y jóvenes al cannabis; además de que deja muchísimas lagunas, tanto para el productor como para el consumidor. “Si se va a regular algo tan serio, debería hacerse bien, no únicamente por salir a dar la nota”.
Consideró que se sigue desvirtuando el origen y objetivo del dictamen, así como el mandato de la Suprema Corte. La minuta, dijo, es poco aplicable, y de aprobarse en sus términos “se volverá letra muerta, pues no podrá ser, ni siquiera, ocupada por los consumidores ni por los productores”.
En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, advirtió que la minuta no cumple con el mandato de la Corte, con la Carta Magna y tampoco con una visión de derechos humanos. “Las modificaciones, lejos de mejorar el texto normativo, violentan la Constitución”, advirtió.
Dijo que la minuta limita el pleno ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, elimina el enfoque de derechos humanos que tenía y no contempla la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar los derechos de los consumidores. Los diputados, agregó, eliminan la lógica con la que trabajamos los senadores, vulnera todo lo que hicimos.
Respecto al permiso del autoconsumo, el senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, mencionó que se expone a los usuarios de dicha planta, por lo que “será muy difícil que los consumidores vayan a tramitar dicho permiso”.
Quien no lo tramite, y de alguna manera, produzca en su casa, estaría incurriendo en un delito y por ende los estaríamos exponiendo, concluyó.
Para el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué la colegisladora realizó un trabajo profundo, que derivó en importantes modificaciones al dictamen aprobado por el Senado. “Los cambios propuestos fortalecen el proyecto de decreto y dan claridad a los ciudadanos”.
Señaló que existen temas en los que no hay coincidencias y que es necesario revisar, como la reducción de las acciones afirmativas en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y la necesidad de solicitar un permiso para el autoconsumo.
