La titular dela Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó esta mañana que los 21 mil candidatos que participan en las elecciones pueden contar con la protección del gobierno de México, el cual tiene un protocolo que comienza con la denuncia de la amenaza o actos de violencia.
Durante la conferencia matutina Rodríguez indicó que se unen fuerzas con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias para establecer una mesa de trabajo, con el propósito de tomar las previsiones necesarias, todos los días, sobre posibles amenazas contra candidatas y candidatos a puestos de elección electoral.
El asunto al que mayor tiempo se le ha destinado es a la prevención y sanción a violencia política, explicó, “por instrucción del señor presidente se protegerá a candidatas y candidatos amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco”. Todos los aspirantes a los más de 21,000 cargos de elección reciben la protección, sin importar el partido político al que pertenezcan.
Es así como las instituciones de seguridad del gobierno de México, no permitiremos que el partido del crimen decida.
La secretaria enfatizó que se sabe que en algunas partes del país éstas organizaciones emprendieron una campaña de miedo para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio.
Para implementar esta estrategia se cuenta con la colaboración de los gobernadores y gobernadores a lo largo de todo el país, la Conago, la Conferencia nacional de Seguridad Pública y otras autoridades estatales, a través de las mesas de construcción de paz y seguridad, a fin de acordar Los procedimientos a seguir.
Rosa Icela Rodríguez recordó a los candidatos que existe un protocolo dónde se reciben las amenazas; el primer paso es avisar a las autoridades, lo que permite la apertura de carpetas de investigación correspondientes y a partir de ese momento se coordina la atención de los casos de paz en conjunto con las entidades federativas. Con base en la evaluación de riesgos de cada caso se establece el esquema de protección.
Los candidatos y candidatas a diputados federales y gobernadores son protegidos por el gobierno de México, mientras que los aspirantes a otros cargos reciben el apoyo en coordinación con el gobierno de México de las autoridades estatales en coordinación con las municipales, detalló la funcionaria.
La mesa nacional de estrategia estableció un centro de monitoreo que opera 24 horas, los siete días de la semana con más de 100 servidores públicos capacitados para brindar atención.
Señaló que es importante que las candidatas y candidatos realicen sus actividades con tranquilidad, sabiendo que siempre podrán llamar al 911 en caso de una emergencia.
Hasta el momento se han atendido a 117 candidatas o candidatos amenazados o agredidos, de ellos 71 son hombres, 41 son mujeres y al momento se tienen registrados 103 eventos algunos que involucran a más de un aspirante y en 60 de ellos se han abierto carpetas de investigación.
Se han brindado atención a 41 candidatos de los cuales 22 cuentan con vigilancia de policías estatales y 16 de la guardia nacional y tres de otras autoridades.
Existen 10 casos graves relacionados con la desaparición y lamentable fallecimiento de aspirantes, 35 que han implicado atención especializada, como proveerles de un botón de pánico, escoltas teléfono, efectuar rondines en sus domicilios y se han analizado 58 casos en los que sean alertados sobre probable violencia.
Considero que no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país. Más de 47% de estos casos se concentran en seis entidades: Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
De los candidatos atendidos al momento 82% son aspirantes a presidentes municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, el 18% restante contiende por gubernatura o diputaciones federales.
Explicó que se tiene el caso de Carla Enríquez Merlín aspirante a la presidencia municipal de Cosoleacaque Veracruz, quien fue asesinada junto con su madre Carla Merlín Castro el pasado 15 de febrero, por lo cual ya hay dos personas detenidas y vinculadas a proceso penal, también hay otras órdenes de aprehensión a punto de ejecutarse por los delitos de homicidio y robo de 3 millones en joyas y relojería. No se descartan que hay otras líneas de investigación de acuerdo a las investigaciones de la fiscalía estatal.
Otro caso, lamentable es el de julio César Galindo expresidente de Coparmex en San Luis Potosí, también aspirante a cargo del elección popular, por lo que la Fiscalía del Estado ha cumplimentado cuatro órdenes de aprehensión de personas con las que tuvo diferencias en negocios, una de ellas con aspiraciones políticas a la presidencia municipal de Chalma Veracruz.
También es de destacar la detención reciente por parte del gobierno de Guanajuato de los responsables en el asesinato del ex diputado Juan Antonio Acosta, quien pretendía contender por la presidencia municipal de Juventino Rosas, en este caso se encuentran involucrados también servidores públicos del propio municipio,.
Por otra parte, dio a conocer que ya se encontró a la familia Villaseñor Romo, la Fiscalía de Jalisco informó que gracias a una acción de colaboración con la Fiscalía General, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y más de 200 elementos que intervinieron en la búsqueda se logró recuperar a dicha familia y se continúa con las investigaciones para el castigar a los responsables.
Insistió, Rodríguez en que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones, “buscan estrategias violentas, que pretenden convertir al crimen organizado en un partido del crimen.
No se doblegará a la democracia será el pueblo de México el que decida, agregó.
