El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó mantener la negativa de registro como candidato al gobierno del estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, por seis votos a favor y cinco en contra..
Al dar inicio la sesión Lorenzo Córdova presidente Consejero dijo que: “No cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas, es una falta gravísima para la que el legislador previó incluso, una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura”.
Agregó que se están desplegando estrategias de descalificación contra la autoridad electoral. “A quienes las encabezan, les decimos que el INE no caerá en las provocaciones. El INE, como árbitro de la contienda, está por encima de las partes y haremos que se cumpla la Ley.”
Adriana Favela a su vez, expuso que el INE, en el ejercicio de sus funciones, toma decisiones que no siempre son aceptadas por quienes se sienten afectados, pero la legislación prevé un sistema de medios de impugnación para hacer valer inconformidades, desterrando amenazas o intentos de intimidación.
En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama indicó que el TEPJF confirmó los hallazgos de la fiscalización; “nosotros no debemos sino confirmar la sanción, porque la conducta fue grave. Eludir rendición de cuentas, financiarse de manera opaca, querer engañar a la autoridad, tiene consecuencias, que la Ley contempla”
En su intervención, José Roberto Ruiz Saldaña explicó que no está acreditado que los sujetos obligados, actuaron con la intención de cometer la infracción consistente en la omisión de presentar el informe de precampaña. A todas luces hay en el proyecto, una vulneración al principio de proporcionalidad de las penas.
El consejero Uuk-Kib Espadas, refirió que la infracción de no presentar informes, es considerada por la Ley como una falta grave, pero no podemos abstraernos del hecho de que “la gravedad con que se escribió este texto, está vinculada a la intervención, en procesos electorales, de caudales enormes de dinero”.
La presentación de informes constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, porque la ciudadanía merece saber que toda persona que aspira a un cargo de elección popular se conduce dentro de cauces legales y no es financiada por fuentes ilícitas, argumentó Karla Humphry.
En tanto la consejera Norma De la Cruz dijo que la Sala Superior ordenó tomar en consideración elementos para valorar la gravedad de las infracciones acreditadas, entre ellos, analizar lo relativo al monto económico o beneficio involucrado.
El monto de gasto involucrado, y no declarado, no es materia de esta discusión, toda vez que la falta acreditada por el INE, y confirmada por el Tribunal, tiene en la ley una sanción expresa: la pérdida del derecho al registro a una candidatura, dijo el consejero Jaime Rivera.
El Consejo General tiene una obligación genérica que nos exige realizar un riguroso escrutinio, caso por caso, para determinar si la sanción propuesta es proporcional al daño causado al bien jurídico que se pretende salvaguardar, expuso Martin Faz Mora.
Finalmente Claudia Zavala precisó que no se pueden generar incentivos perversos en nuestro sistema de fiscalización, “no podemos generar que puedan medir una consecuencia o una sanción, a costa de derribar la transparencia, la rendición de cuentas”.
