En sesión semipresencial, el Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen a la minuta que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
Recepción de reservas
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho, dijo que las reservas que se reciban deberán ser presentadas durante los posicionamientos de los grupos parlamentarios.
Indicó que es un dictamen con una gran complejidad técnica, porque afecta no sólo una ley nueva de la Fiscalía General de la República sino distintas reformas a otros 65 ordenamientos.
Se mantiene facultad de atracción conforme a la Constitución
Al fundamentar el dictamen, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena), secretario de la Comisión de Justicia, señaló que el objetivo es expedir una nueva Ley Reglamentaria de la Fiscalía General de la República, para garantizar que sea un verdadero órgano público autónomo; reestructurarla para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal.
Dijo que se tiene la necesidad de actualizar y fortalecer todos los procesos que realiza la Fiscalía General de la República, en virtud de garantizar su funcionamiento; el dictamen, otorga certeza jurídica al funcionamiento de la Fiscalía y garantiza su autonomía.
T
ambién, establece con claridad y mayor amplitud las funciones y facultades de la Fiscalía dotando de independencia sus acciones jurisdiccionales y da al Ministerio Público elementos de mayores responsabilidades para dar mejores resultados en sus labores de procuración de Justicia, agregó.
Destacó que se otorga a la Fiscalía General de la República diversos mecanismos e instrumentos para hacer más efectiva la investigación, atención de víctimas, desarrollo de estrategias y mayor poder de decisión en materia administrativa.
Andrade Zavala mencionó que con la reforma, se asegura a las víctimas el pleno acceso a la justicia y a una administración expedita de la misma; se incluyen mecanismos de participación ciudadana en favor de los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, se da la posibilidad de la creación de instancias especializadas al interior de la Fiscalía, con la intención de tener mejores herramientas para el combate a los delitos.
Resaltó la importancia de contar con una Ley Reglamentaria que garantice a la Fiscalía como un verdadero órgano público autónomo, con estricta observación de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de la niñez y adolescencia, debida diligencia, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género.
Se busca, añadió, asegurar al Ministerio Público de la Federación como garante del acceso a la justicia en el ejercicio de sus funciones y que desempeñe, de manera eficaz, la representación de los intereses de la sociedad durante los procesos de investigación y persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales.
Además, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales y la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas imputadas, de las víctimas y de las personas ofendidas, durante el desarrollo del procedimiento penal.
Se reestructura la Fiscalía General de la República posibilitando un mejor desempeño de este órgano autónomo y una mejor participación dentro de los procesos de procuración e impartición de justicia, enfatizó.
Precisó que se establece una nueva estructura de la Fiscalía; se crea una Fiscalía Especializada en Control Competencial, una Fiscalía Especializada en Control Regional, una Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, una Fiscalía Especializada en materia de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, una Agencia de Investigación Criminal y una Oficialía Mayor.
Desaparecen, agregó, la Coordinación General, la Coordinación de Investigación y Persecución Penal, la Coordinación de Métodos de Investigación, la Coordinación de Planeación y Administración y, el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.
Se mantienen: la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y el Órgano Interno de Control.
Marco Antonio Andrade señaló que respecto a la facultad de atracción, se mantiene en los términos que la Constitución Política y las leyes prevean.
Se mantiene la participación de la Fiscalía con voz y voto dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Asimismo, en el Comité Coordinador Encargado del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la Comisión Intersecretarial, y continua como responsable de establecer las bases para garantizar la coordinación nacional en el diseño, elaboración, instrumentación y aplicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como coordinar y administrar el Registro Nacional del Delito de Tortura.
Añadió que la Fiscalía General de la República se mantiene como ente público obligado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y sigue considerándose como ente público obligado en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Mencionó que se establece expresamente en la norma, que el personal de Ministerio Público de la Federación ejercerá sus funciones con independencia, autonomía y libre de cualquier tipo de coacción o interferencia en su actuar; se prevé que en el nombramiento de la persona titular de la Fiscalía, se garantice el principio de paridad de género.
También, dijo, se fortalecen las facultades de la persona titular de la Fiscalía, entre ellas la de ejercer la facultad de atracción en los términos que la Constitución y las leyes prevean, sin más restricciones o ambigüedades; solicitaría recibir de las personas concesionarias o de comunicaciones, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móviles y los datos conservados.
De igual modo, expuso, ordenar la implementación de bancos de datos de sistemas de información; autorizar a la persona agente del MP, la solicitud de cancelación de órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia en el ejercicio de la acción penal o el desistimiento de está y, la solicitud para la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar.
Mencionó que deberá remitir al Congreso de la Unión la postura institucional, mediante una opinión técnica-jurídica sobre las iniciativas de ley, reformas constitucionales y legales en el ámbito de su competencia.
El diputado señaló que se fortalecen las facultades del MP y se incorporan nuevas, como la de intervenir como parte del juicio de Amparo en los términos de lo dispuesto en el artículo 7 constitucional, y dictar sin demora la orden de búsqueda o localización de personas.
El dictamen busca impulsar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la Fiscalía General de la República, especialmente, en materia de búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo de fortalecer el enfoque de perspectiva de género en las políticas, así como lenguaje incluyente de género y de paridad de género en la conformación de órganos de la Fiscalía.
Con este trabajo, precisó, se combatirá la corrupción, la impunidad y las injusticias; con el nuevo ordenamiento, la actuación de las y los integrantes las Fiscalía General de la República se regirá por los principios rectores de la honestidad, profesionalismo y la transferencia, los cuales ayudarán a impartir una verdadera la justicia a las víctimas en México.
Moción suspensiva
El Pleno rechazó una moción suspensión de la diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD), quien señaló que se violentó el Reglamento de la Cámara de Diputados y los derechos de las minorías, al no cumplir los tiempos reglamentarios, y expuso que el ordenamiento debe ser discutido con seriedad, pues no es menor, son reformas de fondo con gran impacto para la población.
