La Secretaría de Gobernación informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual 2020, en el cual se señalan retos y acciones en materia de protección y defensa de los derechos humanos por el Estado mexicano, a partir de los compromisos y obligaciones asumidas como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales.
En el seguimiento de recomendaciones formuladas sobre la situación de derechos humanos en México, la CIDH identificó los retos más significativos en los ámbitos de seguridad ciudadana y militarización, acceso a la justicia, desaparición forzada, tortura e impunidad, así como en la protección de la libertad de expresión.
A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se fortalece el trabajo en estas áreas, particularmente mediante la coordinación interinstitucional para cumplir las obligaciones que a nivel internacional han sido asumidas.
Dicho informe establece que México es el segundo país con una mejora en relación con procesos de negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa al lograr la ejecución de 26 cláusulas, de las cuales 20 tuvieron un cumplimiento total, mientras que tres obtuvieron un cumplimiento parcial sustancial, y el resto un cumplimiento parcial.
Se informa que el país cerró 2020 con el cumplimiento total de doce expedientes en seguimiento de acuerdos de solución amistosa que se encontraban pendientes, así como la incorporación bajo buenas prácticas derivado del caso “Masacre de Acteal”, suscrito en septiembre de 2020. En el trámite de medidas cautelares, la CIDH resolvió su otorgamiento en cuatro casos y el levantamiento en seis procesos cautelares.
El trabajo de negociación e instrumentación realizado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos fue producto de diálogo constante con personas víctimas y de una coordinación interinstitucional con autoridades del Estado mexicano, mediante el cual se priorizó el despliegue de acciones conjuntas para identificar estándares y fórmulas para la reparación integral por la vía amistosa ante violaciones a derechos humanos.
