El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar se refirió al regreso a clases presenciales que comenzará el 17 de mayo y que se irá regularizando paulatinamente conforme avance el proceso de vacunación del personal docente y el semáforo de cada estado se encuentre en verde.
Al respecto, aplaudió la estrategia de vacunación implementada por el gobierno federal en colaboración con distintos niveles de gobierno; no obstante, apuntó que es necesario elaborar una estrategia para para el regreso a clases, la cual deberá enfocarse en: 1) Revertir o en su caso minimizar los efectos sociales del cierre de las escuelas y 2) fortalecer las medidas de higiene al interior de cada una de las escuelas a fin de evitar los contagios y asegurar la salud de profesores, alumnos y personal que labora en los centros educativos, para lo cual se debe evaluar la infraestructura de las escuelas y la provisión de servicios.
Respecto al primer punto, el diputado recordó que debido a la pandemia las clases presenciales fueron suspendidas en 257,518 planteles educativos impactando a 36.3 millones de alumnas y alumnos que ahora paulatinamente regresarán a sus clases presenciales. Cabe mencionar que el cierre de las escuelas fue una medida necesaria para contener los contagios; sin embargo, se esperan algunos efectos negativos:
• Un aumento en la tasa de deserción escolar, de acuerdo con el INEGI 738.4 mil personas (de entre 3 a 29 años) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad (58.9%) señaló directamente que fue por un motivo relacionado a la COVID-19, 8.9% por falta de recursos y 6.7% por tener que trabajar.
• Se estima que, en promedio, cada estudiante en educación básica y media superior tenga una pérdida del 5% de su salario al momento de incorporarse al mercado laboral.
• Una reducción del progreso hacia el fin de la violencia de género para 2030, entre otros.
Por lo anterior, la reactivación de las clases presenciales es una medida oportuna para comenzar a revertir o minimizar los efectos que se estima tendrá esta crisis en materia educativa; no obstante Ramírez Cuéllar indicó que será necesario la colaboración de toda la sociedad, empresarios, padres y madres de familia, autoridades tendrán que unir esfuerzos para superar los efectos de la pandemia en materia educativa.
Cabe destacar que la educación es un gran instrumento para impulsar el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; alcanzar el bienestar individual y colectivo; afianzar los valores cívicos, éticos y democráticos; además que es un medio efectivo para construir un modelo de desarrollo sostenible y equitativo.
De acuerdo con diversas estimaciones con un grado adicional de escolaridad se incrementa un 10% el ingreso laboral en los niveles más bajos, mientras que, con una educación media superior a una carrera profesional, el aumento asciende hasta el 30%. Respecto al segundo punto, es necesario hacer un análisis profundo de las necesidades de las instituciones educativas, en particular, en cuanto a infraestructura y servicios como agua potable, los cuales serán indispensables con un regreso seguro a clases presenciales.
“El 31.6 % de los planteles de educación básica no tienen de infraestructura para el lavado de manos; además, el 27% de los planteles de educación básica y 22.8% de los planteles de educación media superior no cuentan con agua potable, mientras que 17.3% de las escuelas básicas y 15.8% de las escuelas de nivel medio superior no tienen sanitarios”, indicó el diputado federal.
Ramírez Cuéllar destacó que el artículo 119 de la Ley General de Educación señala que el monto anual destinado al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al 8% del PIB y aunque se han hecho avances en la materia y han existido mejoras en los programas presupuestarios destinados a este rubro, el 3.3% del PIB destinado actualmente es una cifra que queda muy por debajo de lo establecido en la Ley.
Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)señala los siguientes puntos para asegurar un regreso seguro a clases presenciales: asegurar el distanciamiento social en las aulas; mantener las escuelas limpias y desinfectadas; asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables en las escuelas y, asegurar el acceso a lavamanos.
En este sentido, el CIEP señala que para cumplir con al menos la última recomendación del BIB (asegurar el acceso a lavamanos) se requiere al menos 10 mil 376 millones de pesos, lo que implica un aumento de 1.2 % en el gasto educativo de 2021.
“Como diputados debemos ser proactivos para que junto con las autoridades correspondientes podamos crear un plan de acción para garantizar un regreso seguro a clases que contenga medidas de seguridad en las instalaciones, mantenimiento de infraestructura y provisión de los servicios básicos, pero sobre todo nos corresponde analizar el presupuesto; así como los requerimientos financieros para ello” señaló el diputado.
Ramírez Cuéllar reiteró su llamado a los diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, centros de investigación, empresarios y expertos para realizar un acuerdo de colaboración que permita mejorar las condiciones actuales de los centros educativos, en particular, en lo que se refiere a infraestructura , servicios y para elaborar una estrategia que permita revertir los efectos de la suspensión de clases presenciales, haciendo énfasis en el gran esfuerzo que se necesita para atraer a las y los alumnos que desertaron.
Finalmente, el diputado señaló que es importante que las grandes empresas colaboren en la elaboración e implementación de dicha estrategia, en particular, aquellas empresas que han obtenido grandes ganancias durante la pandemia.
Necesitamos sumar esfuerzos para garantizar un regreso a clases seguro. pic.twitter.com/91rQ0vvJXK
— Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 16, 2021
