2020 fue un año de retos para la operación de ACNUR en México. Aunque las solicitudes de asilo se redujeron durante el segundo y tercer trimestres del año a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el año cerró con 41,303 nuevas solicitudes, manteniendo la tendencia prolongada a la alza en el número de solicitudes, debido a la persistencia de las causas del desplazamiento forzado en los países de origen.
El documento 2020 Principales Resultados de ACNUR en México, detalla los avances más importantes en materia de protección a personas refugiadas, condiciones de recepción y asistencia humanitaria, apoyo a comunidades de acogida y soluciones duraderas para personas refugiadas, alcanzados por ACNUR y sus contrapartes de gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil.
En 2020, el Gobierno de México dispuso que el registro de las solicitudes de asilo era una actividad esencial, por lo que las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) se mantuvieron abiertas, recibiendo nuevas solicitudes de asilo. En tanto, el ACNUR mantuvo el compromiso global de permanecer y cumplir stay and deliver, realizando actividades vía remota cuando fue posible, y suspendiendo temporalmente las reubicaciones hacia ciudades del centro y del norte del país para apoyar la integración local.
El apoyo de ACNUR a las autoridades sanitarias en las principales comunidades de acogida fue especialmente pertinente durante la pandemia. Se intensificó el trabajo con los albergues para ayudarlos a limitar los riesgos de salud pública, pero también se brindó asistencia a hospitales públicos con entregas de equipo de protección personal y ventiladores auxiliares, en una iniciativa coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
ACNUR aumentó la cantidad de personal financiado en COMAR (146 funcionarios), que fortaleció su capacidad para procesar solicitudes de asilo vía remota. Asimismo, brindó apoyo adicional a las autoridades de protección a la niñez, derivado de las reformas a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, que ponen fin a la detención de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad y refuerzan el principio del interés superior en los procedimientos migratorios.
De las 41,303 personas que solicitaron asilo en México en 2020, 38 por ciento fueron mujeres y 62 por ciento, hombres. Alrededor de 19 por ciento del total de las personas solicitantes de asilo fueron niñas, niños y adolescentes.
En 2020, 52,006 personas solicitantes de asilo y refugiadas recibieron orientación legal, casi 30,000 de ellas se beneficiaron de asesoramiento legal individualizado, y 6,000 obtuvieron representación legal con el apoyo de una red de 76 abogados y 32 asistentes legales.
ACNUR realizó 245 visitas a estaciones migratorias para informar a las personas en detención sobre el derecho a solicitar asilo. Unas 3,262 personas solicitantes de asilo salieron de estaciones migratorias a través del Programa de Alternativas a la Detención, entre ellas 523 niñas, niños y adolescentes.
Durante 2020, 53,624 personas recibieron asistencia humanitaria del ACNUR. Se proporcionó una nueva ayuda complementaria a las personas de interés en lugares donde la alerta epidemiológica era roja y naranja. La nueva ayuda complementaria también se usó para descongestionar albergues abarrotados en lugares sin alternativas de recepción y para brindar ayuda a solicitantes de asilo de los grupos de mayor riesgo.
En cuanto al Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), se estableció un grupo de trabajo intersecretarial para mejorar la inclusión en el mercado laboral, el acceso a la salud, la educación, la identidad y la documentación. También se acordó un mecanismo con el Gobierno de México para dar seguimiento a la implementación de los compromisos del Foro Mundial sobre Refugiados, así como para la presentación de informes del sector privado.
En 2020, y a pesar de la pandemia de COVID-19, 2,306 personas de interés del sur de México se reubicaron con éxito en ocho localidades del centro y norte del país, que tienen una mayor demanda de trabajadores y una mejor capacidad para incluir a las personas recién llegadas en los sistemas educativo y sanitario.
