Territorios y lugares sagrados de los pueblos indígenas son reconocidos en la Iniciativa de Reforma Indígena

La Iniciativa de Reforma Constitucional que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), lleva a comunidades de todo el país para su análisis, responde a dos grandes compromisos del Presidente Andrés Manuel López Obrador: gobernar desde abajo respetando la voz del pueblo y dar prioridad a los pueblos indígenas, con quienes hoy todavía existe una deuda histórica.
En cuatro Asambleas Regionales de Seguimiento realizadas en Nuevo León, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, se reiteró que hoy, por primera vez en la historia nacional, el gobierno federal dialoga con las autoridades y representantes indígenas, para que compartan sus visiones del mundo y participen en la construcción de normas y en la transición hacia un Estado pluricultural que reconozca sus derechos.
En El Nayar, Nayarit, las comunidades wixaritari, coras, tepehuanas del sur y mexicaneras expresaron su respaldo unánime al proyecto de iniciativa y reconocieron la apertura que tiene el Gobierno de México para recibir e integrar sus propuestas.
El Gobernador Tradicional Cora de la comunidad de Jesús María, Anselmo Silverio Blas, se pronunció a favor de la iniciativa y consideró que representa una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas de México.
En Mezquitic, Jalisco, el Comisariado de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, Patricio Ortiz de Cruz, solicitó el respaldo de las y los diputados federales para que se apruebe la reforma en beneficio de los pueblos de todo el país.
Asimismo, mujeres indígenas de San Sebastián Teponahuaxtlán manifestaron la demanda de contar con igualdad de condiciones y el derecho a la participación y representación política.??Expusieron que históricamente han sufrido de discriminación por motivos raciales, económicos y de género; pero que este es el momento para participar activamente en el cambio y sumar la lucha por sus derechos en la iniciativa de reforma.
La cultura y educación también fueron temas destacados en esta asamblea. El representante del pueblo wixárika, Ubaldo Valdés Castañeda, solicitó que las lenguas indígenas sean reconocidas, respetadas y difundidas; además de que la educación se imparta con pertinencia cultural.
Pueblo wixárika pide protección a su territorio sagrado
Ambas sedes contaron con una amplia participación del pueblo wixárika, que externó su preocupación por que se reconozcan y respeten sus territorios ancestrales, los cuales actualmente se encuentran fuera de las tierras comunales.
Por lo anterior, exigieron se garantice su derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras que tradicionalmente han ocupado, como está descrito en el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estos lugares sagrados, motivo de la lucha ancestral y sustento de su cosmovisión, son Wirikuta, en San Luis Potosí; Tatei Haramara, en Nayarit; Xapawiyeme, en Jalisco; y Hauxa Manaka, en el estado de Durango.
Finalmente, aseguraron que esta reforma traerá muchos beneficios y ayudará a dejar atrás los conflictos que tanto daño les han causado a sus comunidades, así como a garantizar que no se les despoje de sus lugares sagrados para la implementación de proyectos extractivos.
Indígenas migrantes y residentes llaman a ser tomados en cuenta
Por otro lado, en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, el coordinador de los gobernadores tradicionales, Emeterio Torres Yáñez, aseguró que esta es una gran oportunidad para definir los rumbos que debe tomar la Constitución y heredar un legado de derechos a sus hijos y nietos. Además, resaltó que esta reforma contiene toda la gama de conocimientos y sabiduría que han aportado los pueblos indígenas del país.
“Tenemos que defender y conservar nuestra cultura y conocimientos, para que nuestras raíces sigan presentes y se manifiesten a través de los tiempos; así como lo aprendimos nosotros, que pase a las nuevas generaciones”.
Con la participación de población indígena residente y migrante, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la representante afrodescendiente oriunda del estad de Guerrero, Teresa Mujica, refirió que la inclusión del pueblo afromexicano en la Constitución es muy reciente, por lo que es fundamental emprender acciones para que también sea reconocido como sujeto de derecho público.
En representación de la población migrante nahua, Liberio Porfirio Hernández, coincidió que quienes dejan sus comunidades de origen deben ser protegidos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Pidió se reconozcan sus derechos colectivos, se promueva su inclusión social y, sobre todo, se garantice que migrar sea una decisión y no una necesidad.
También la migrante tseltal, Leticia Sánchez Méndez, lamentó que persistan las actitudes discriminatorias hacia los pueblos y comunidades indígenas, y urgió a que se reconozcan los aportes que la población indígena hace a los lugares de tránsito y destino.
Desde el pasado 19 de junio, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ha emprendido Asambleas Regionales de Seguimiento en todas las regiones indígenas del país, para poner dicha iniciativa en manos de las comunidades.
Este proyecto plantea consolidar el derecho de libre determinación y autonomía, al armonizarlo con los instrumentos internacionales en la materia y mediante mecanismos para su ejercicio efectivo.