En el caso de una queja en contra del Partido Verde Ecologista de México, se le sancionó con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el Instituto, por el periodo de un año, a partir del mes de agosto, por la campaña publicitaria a través de 104 personas denominadas influencers el día de la Jornada Electoral.
Se acreditó que los influencers fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.
“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.
Se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.
Al respecto, la Consejera Claudia Zavala aseveró que “el Partido Verde es reincidente en el fraude atípico, en el fraude a la ley”, por lo que justificó la severidad de la sanción. “Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”, abundó.
El Consejero José Roberto Ruiz consideró que la sanción debe ser severa, la económica es la adecuada, pero no encontró “ningún sentido, justificación o sustento a la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión”.
El Consejero Martín Faz sugirió una modificación del proyecto para referirse al “periodo ordinario”, en lugar del “tiempo federal asignado” en la sanción del proyecto.
La Consejera Dania Ravel destacó la importancia del periodo de reflexión, también conocido como veda electoral, pues su finalidad consiste en “generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto”, al no respetarse este periodo se puso en riesgo la equidad en la contienda.
Asimismo y, a propuesta del Consejero Ciro Murayama, se avaló por nueve votos a favor y dos en contra, regresar una queja en materia de fiscalización en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y su otrora candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de no escindir la causa de dos quejas más en contra de la misma persona y cuyas investigaciones no se han concluido, para que sean analizadas en conjunto y se amplíen las indagatorias.
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey manifestó estar de acuerdo con el proyecto y la propuesta de dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues consideró que con las conductas denunciadas se ponía de manifiesto una estrategia propaganda a favor de un partido político en clara contravención a la ley, de la cual ya había antecedentes, aunado a que las conductas podrían ser constitutivas de delitos.
Destacó el apego de los influencers a una guía o procedimiento en cuanto a sus publicaciones y en las respuestas brindadas a la autoridad, las cuales guardaban alto grado de similitud.
