El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil en contra de nueve fabricantes y dos distribuidores de armas ante la Corte de Distrito de Massachusetts.
Dos semanas después de la presentación del litigio, la mayoría de las empresas demandadas ha sido notificada formalmente, por lo que deberán presentar su contestación dentro del plazo legal correspondiente. A partir de ello, la Corte de Massachusetts determinará los tiempos y etapas para escuchar los méritos y otras cuestiones procedimentales de la demanda. En tales instancias, el Gobierno de México tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos legales y la evidencia que ha compilado para documentar el vínculo causal entre las acciones de los demandados y sus consecuencias en el ámbito de violencia y seguridad en México.
El litigio forma parte de una estrategia amplia que desde hace años ejecuta el Gobierno de México para detener el tráfico de armas, la cual incluye, pero no se limita a colaboraciones al más alto nivel con el Gobierno de Estados Unidos, iniciativas en foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y cada vez mayores controles en la frontera norte. La demanda complementa dicha estrategia al incluir el origen de las armas y las acciones de quienes las diseñan, producen y comercializan.
