Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre derecho al agua potable y al saneamiento, coincidieron en la solución que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al conflicto de la presa El Zapotillo, en Jalisco, que evita el desplazamiento de los habitantes de tres comunidades, y que convirtió a México en vanguardia y ejemplo internacional en el respeto a los derechos humanos en procesos de gestión del agua.
En entrevista con el periódico “La Jornada” Arrojo Agudo sostuvo “que privilegiar el diálogo con los habitantes de los tres pueblos jaliscienses que hace 16 años fueron condenados a la extinción por la inundación que provocaría la presa, es una muestra de verdadero interés del gobierno en construir soluciones con respeto a la gente”.
“Que el agua no sea un mercado donde mande el que tenga más dinero, sino un reto democrático. Esto de escuchar al pueblo, de que venga incluso el presidente, el gobierno, a resolver a través del diálogo un problema, yo lo saludo como positivo y lo voy a referenciar como ejemplo positivo de resolución de conflictos de agua a nivel global, no sólo en México”, aseguró el también especialista de la Universidad de Zaragoza, quien en 2003 ganó el Premio Goldman, considerado el “Nobel de Ecología”.
“El proceso de resolución de este conflicto apunta en hacer las paces con los ríos, con el ecosistema, y por otro lado, en promover una democracia participativa en la gestión del agua”, aseguró el investigador.
Por su parte, Guillermo Fernández indicó al periódico de circulación nacional que el caso de la presa El Zapotillo debe ser “emblemático” para demostrar en otros conflictos de larga duración que se pueden lograr acuerdos para el desarrollo respetando los derechos de la población y que, por tanto, es indispensable que los trabajos técnicos tengan perspectiva de derechos humanos.
