La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Nacional Electoral debe llevar a cabo la consulta sobre la revocación de mandato a pesar del recorte presupuestal realizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Después de admitir la solicitud de controversia constitucional presentada por el INE contra la reducción de cuatro mil 913 millones de pesos para 2022, el máximo tribunal del país le indicó al órgano electoral que de no cumplir con su obligación de realizar la consulta incurriría en responsabilidades administrativas o penales.
El acuerdo de la corte establece que “es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”.
Es importante destacar que el INE había argumentado que el recorte presupuestario le impediría realizar la consulta, prevista para el 27 de marzo de 2022.
