En el relación al próximo juicio que enfrentará Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, en la ciudad de Nueva York y que está programado para iniciar el 24 de octubre de 2022. Los fiscales encargados del proceso, solicitaron al juez federal Brian Cogan, que las fuentes de información, incluyendo los testigos mexicanos y una parte de los documentos, sean protegidos bajo normas de seguridad nacional. Los fiscales argumentaron que el caso “es particularmente complejo”, dado que García Luna fue un funcionario de alto rango en México.
En ese sentido, el juez Cogan, encargado del proceso judicial de García Luna en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, postergó la decisión presentada por los fiscales, para que el jurado que se instalará para el juicio de García Luna sea designado anónimo y parcialmente protegido, tal y como fue con el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según el argumento por escrito de los fiscales, esta medida es necesaria para “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado”, al prevenir “hostigamiento, intimidación u otra interferencia” contra sus los integrantes, como también “mitigar cualquier temor en la mente” de estos.
Agregaron que el caso aborda cargos “excepcionalmente serios” y que el acusado “tiene una historia de interferencia con el proceso judicial”, dando el ejemplo de su papel como alto funcionario de seguridad en apoyo del negocio del cártel de Sinaloa, y además, tiene “los recursos para interferir con el proceso judicial”. A la vez, otro factor es el “escrutinio intenso de los medios” que ha desatado este caso.
Por su parte, César Castro, el principal abogado defensor de García Luna, argumentó que es muy difícil evaluar la evidencia, pues la fiscalía norteamericana presentó “millones de documentos” y “la mayoría no hace referencia a García Luna”. El abogado aseguró que “no hay evidencia de criminalidad, ni vínculo con el narcotráfico” en todo este material.
Además señaló que su cliente “fue la cara del gobierno mexicano” en asuntos de inteligencia con Estados Unidos, y que “se había reunido con los niveles más altos del gobierno estadunidense, incluyendo el FBI y la CIA” cuando era secretario de Seguridad Pública, y por lo tanto eso complica evaluar la supuesta evidencia de los fiscales en este caso.
El juez Cogan analizará durante los próximos meses, las evidencias, por lo que aún no hay ninguna determinación al respecto.
Cabe señalar que García Luna está acusado en Estados Unidos de que entre 2001 y 2005, cuando encabezaba la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y de 2006 a 2012, como secretario de Seguridad Pública de México, “aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de otorgar protección para sus actividades de tráfico de drogas”. Los cargos incluyen participación en un negocio criminal, varios de conspiración para distribuir cocaína y hacer declaraciones falsas.
El procesado fue arrestado en Dallas por agentes federales el 9 de diciembre de 2019 y está encarcelado en Nueva York en espera de su juicio. El caso incluye la acusación a dos de sus ex subordinados, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes son calificados como prófugos de la justicia de Estados Unidos.
