Esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, declaró que Alejandro Encinas podría ser secretario de Estado, pero su rol en la defensa de derechos humanos en el país es prioritario.
Al presentar el trabajo que se realiza desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, el mandatario mexicano reconoció que hay muchos asuntos pendientes en la materia en el país, como consecuencia de que durante mucho tiempo se asumió el uso de la fuerza como la herramienta para atender esos casos.
En este sentido, Alejandro Encinas presentó un informe de los logros y pendientes en la materia.
En México, señaló el subsecretario, hay una crisis humanitaria y de violación de derechos humanos, como resultado de que el Estado abandonó sus tareas de protección y dejó la labor en manos de los familiares de víctimas.
El actual gobierno busca tejer una nueva relación con los familiares, indicó el funcionario federal, ante el enojo, frustración y molestia de los agraviados.
Se busca fortalecer las capacidades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal en materia de protección de derechos humanos.
Alejandro Encinas declaró que la impunidad es un caldo de cultivo que fomenta la comisión de delitos y retrasa el ejercicio de la justicia.
En cuanto a los datos, el subsecretario indicó que se han ejercido más de 2 mil millones de pesos en materia de protección a periodistas en el país y 6 mil millones de pesos en tareas de búsqueda de desaparecidos. Además de que se han realizado más de 2 mil brigadas de búsqueda en 28 estados del país. Se han atendido alertas de violencia de género y se han ejercido más de 300 millones en fortalecer la infraestructura, asimismo se han construido nuevos centros de justicia para las mujeres.
El funcionario agregó que uno de los elementos centrales de la protección de derechos humanos es el ejercicio de la identidad, por lo que se trabaja en el reconocimiento de esta facultad. Encinas destacó el apoyo del equipo forense guatemalteco, uno de los más especializados del mundo.
Además, reconoció que en el país “existe una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”. Al respecto el funcionario detalló que hay cerca de 52 mil cuerpos sin identificar.
Alejandro Encinas también informó que se creará el Centro Nacional de Identificación Humana, para hacer frente a esta crisis forense y a la falta de identificación de cuerpos en fosas comunes. Se desarrollan labores de ensayo en esa dirección en estado de Coahuila, indicó.
El subsecretario reveló que se colabora con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, para atender esta circunstancia, además de establecer vínculos con la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Acteal, Chenalhó, Pasta de Conchos y la Guardería ABC
En cuantos los crímenes cometidos en el pasado, Alejandro Encinas declaró que se están llevando a cabo las acciones siguientes:
En Acteal, Chiapas, se construye vivienda y se busca el fortalecimiento de la vida comunitaria, a 24 años de la masacre perpetrada contra indígenas de la comunidad. En el caso de Aldama y Chenalhó, que vive una crisis de violencia por una disputa territorial, se construyen caminos y viviendas.
En el caso de la mina Pasta de Conchos, se desarrolla también infraestructura para atender a las víctimas de la crisis minera que produjo el encapsulamiento de 65 trabajadores. En el caso de la Guardería ABC, se ofrece atención vitalicia a los familiares de las víctimas del incendio que en 2009 produjo la muerte de 49 menores.
Más adelante, Alejandro Encinas reveló que se conformó una comisión especializada para atender irregularidades y pendientes en la aplicación de la ley de amnistía. En ese contexto, se han declarado improcedentes 900 casos en solicitudes de amnistía, 103 casos se han estimado procedentes y quedan por resolver 795 casos de aplicación de la ley, que se espera que se resuelvan en el primer trimestre de 2022.
Finalmente, el subsecretario de derechos humanos reconoció que el asesinato de periodistas en México registra una impunidad del 90%, y denunció que gran parte de las agresiones contra comunicadores proviene de autoridades municipales.
