La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó al Instituto Nacional Electoral “llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.
El ministro instructor de la controversia constitucional 209/2021, presentada por el órgano electoral en contra del Presupuesto de Egresos 2022, por el recorte de 4 mil 930 millones de pesos, otorgó la suspensión que solicitó para llevar a cabo la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presupuesto que le fue asignado.
De esta manera, el INE podrá, entre otras medidas, instalar menos casillas de las que se establecen en la ley, y sin que ello genere alguna responsabilidad penal o administrativa.
Asimismo, el ministro de la SCJN prohibió presentar acusaciones penales o administrativas en contra de los integrantes del Consejo General del instituto, “en los términos y para los efectos que se indican en dicho acuerdo”.
El acuerdo, publicado en la “Lista de notificaciones, sección de trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad” señala que la medida de suspensión surtirá efectos inmediatos y sin necesidad de otorgar garantía alguna.
Esta modificación se da luego de que el pasado 31 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le negó INE que no le autorizará el presupuesto que solicitó para organizar la consulta de revocación de mandato.
