El asesinato del periodista Armando Linares, director de ‘Monitor Michoacán’, perpetrado este martes 15 de marzo, es un crimen más de los que asedian al periodismo en México en lo que va de 2022, lo que ha desatado diferentes inconformidades en el gremio.
La situación de violencia que desde hace décadas viven los periodistas mexicanos y que este año ha cobrado la vida de al menos ocho comunicadores ha derivado en manifestaciones de protesta y rechazo a la inseguridad desde distintos foros.
Entre las actividades se han registrado protestas nacionales, actos simbólicos en espacios legislativos y la conferencia matutina de la presidencia, concentraciones en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, o un encuentro en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, junto a otros episodios.
El asesinato de Linares derivó en una manifestación en el Congreso del Estado de Michoacán articulada por los reporteros encargados de cubrirla, además de que una organización de periodistas en el municipio de Uruapan llamó a ausentarse de sus labores comunicativas el 18 de marzo.
“Cuando un periodista muere o es asesinado, se rompe un eslabón de comunicación con la sociedad entera, se forma un lastimoso espacio de silencio”, manifestó la Asociación Michoacana de Periodistas A. C. (Amipac), delegación Uruapan, de acuerdo con reportes de la prensa local.
“También convocamos a las demás delegaciones regionales de la Amipac, de otras asociaciones y a los periodistas independientes a realizar un paro de actividades para el viernes 18 de marzo de este 2022, abriendo ese espacio de silencio. Los periodistas michoacanos exigimos justicia. Este viernes 18, un día sin periodistas”, abundaron los inconformes.
Además, tras la ejecución de Linares el Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, propuso una mesa de trabajo con los periodistas locales para determinar rutas de garantía para el ejercicio de la comunicación en la entidad.
A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán solicitó a las autoridades competentes revisar el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a cargo de la Segob, a fin de mejorar y garantizar sus capacidades de defensa del gremio.
El asesinato del director de Monitor Michoacán no sólo se inscribe en la crisis de seguridad que viven los periodistas en el país, sino también en un complejo escenario de violencia que asedia a la entidad desde hace años.
Fue en ese territorio donde a finales de 2006 el expresidente Felipe Calderón desató su llamada guerra contra el narcotráfico, además de que hoy Michoacán padece la presencia de fuerzas del crimen organizado, con operaciones de trasiego de drogas, tala ilegal, explotación del aguacate, entre otras operaciones delictivas.
Con constantes episodios de derramamiento de sangre, Michoacán es uno de los estados prioritarios de la estrategia federal de seguridad por su índice de homicidios, junto con Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sonora.
Con información de SN
