En tribuna, el diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso acabar con el abuso de las instituciones financieras sobre los usuarios a través de verdaderos programas de educación financiera.
Y es que “la debilidad de la cultura financiera se explica porque carece de instrumentos legales que obligan a las instituciones asuman su responsabilidad”, señaló.
Por ello, la iniciativa que presentó el legislador morenista plantea reformar diversas disposiciones a la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros y a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Cuyo objetivo sería “mandatar a las instituciones financieras a desarrollar verdaderos programas de educación y fortalecer a la Condusef para que defina los criterios que deben cumplir las instituciones en esta materia y supervisar que se cumplan”.
Antonio Altamirano señaló que, actualmente, la mayoría de las instituciones no cuentan con programas efectivos de educación financiera por lo que los usuarios están ante una situación injusta.
Ya que “estas instituciones se benefician con el pago que sus clientes realizan, por medio de intereses y comisiones que les generan una ganancia enorme y apenas invierten lo mínimo en el bienestar de los usuarios”, afirmó.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nivel de utilidades de los bancos en el 2021, fue de 65 por ciento, es decir, 182 mil millones de pesos, lo que equivale a 80 mil millones más que en 2020.
“A pesar de que cuentan con esos recursos no asumen la responsabilidad, ni el costo que significa generar una cultura financiera”, aseguró.
Por tal motivo, el legislador dijo que de “aprobarse esta iniciativa se atiende a las personas que requieren utilizar un crédito, y aunque el sistema financiero sea un negocio, el Estado debe velar porque sus acciones deriven en un mayor beneficio social”.
En virtud de ello “no es justo que reciban ganancias tan grandes y retribuyan tan poco a los usuarios”, concluyó.
Finalmente, la iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
