Con acuerdos para construcción de infraestructura y dotación de servicios básicos, apertura y pavimentación de caminos, creación de un programa educativo y cultural con pertinencia y emanado desde el sentir de las comunidades, acciones en materia de salud y fortalecimiento de su organización comunitaria, entre otros, el Plan de Justicia del Pueblo Guarijío-Makurawe avanza para atender sus necesidades ancestrales.
Durante los días 7 y 8 de julio se instalaron mesas de trabajo sobre los temas tierra y territorio, agua, infraestructura, salud y bienestar común, así como gobierno y organización tradicional, de las cuales emanaron 23 acuerdos que fueron firmados en acta por las partes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha encargado fortalecer los gobiernos tradicionales, afirmó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
“Hacemos un llamado a la unidad, a la reconciliación, a trabajar de manera organizada; debemos trabajar por la unidad de nuestros pueblos, hacer a un lado aquello que los divide o incluso los lastima y los confronta, para unificarlos; trabajar de manera conjunta y coordinada.”
Al encabezar la reunión de seguimiento del Plan de Justicia del Pueblo Guarijío-Makurawe en presencia de los siete gobernadores tradicionales y representantes de los ayuntamientos de Álamos, El Quiriego y Navojoa, reiteró que a partir del fortalecimiento de los gobiernos tradicionales se podrá entablar una relación constructiva y respetuosa.
Ante representantes de 28 dependencias e instituciones federales y 18 estatales, aseguró que durante la siguiente visita del presidente al corazón del territorio guarijío, le entregarán buenas cuentas de la mano de autoridades de los tres órdenes y tradicionales.
Firman acuerdos
Entre los acuerdos suscritos por entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno y las autoridades tradicionales destacan:
Elaborar anteproyectos del tramo Los Estrados-Guajaray y del camino del Aguaje de Chino a Mesa Colorada, así como del puente vehicular de Mesa Colorada con longitud de cinco km. De este último, el INPI aportará los recursos en el presente ejercicio. En cuanto al tramo Mesa Colorada–Bavícora, el INPI concluirá los estudios y proyectos.
Asimismo, se acordó instalar servicio eléctrico en 15 comunidades, para lo cual se tiene previsto un presupuesto de 5.5 millones de pesos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico.
Otro acuerdo es que serán los gobernadores tradicionales quienes definirán siete proyectos referentes a agricultura y desarrollo rural, uno por comunidad, mientras que la Secretaría de Bienestar iniciará la implementación del programa Sembrando Vida en la segunda quincena de julio en las comunidades de Guajaray, Los Estrados y Los Bajíos. Las cuatro comunidades restantes serán incluidas en 2023.
Se acordó que la Secretaría de Salud Pública de Sonora realizará la conversión de la actual Casa de Salud en Mesa Colorada hacia una Unidad de Medicina Rural IMSS-Bienestar, que además servirá como base de operaciones para las brigadas médicas que llegarán a las comunidades de la región.
Asimismo, reactivará el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) para áreas sin cobertura en salud y de difícil acceso, mediante unidades móviles. También se acordó remodelar y rehabilitar el Hospital Comunitario de Álamos con inversión aproximada de 120 millones de pesos.
En materia educativa, se instalará una mesa técnica para la revisión de planes y programas de estudio y el fortalecimiento de la lengua y la cultura makurawe. También se acordó instalar módulos itinerantes del Registro Civil para la regularización de documentos de identidad, con cobertura en las siete comunidades guariji?as-makurawe.
Referente al agua potable, se acordó que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) proporcionara? acompañamiento técnico en el proceso de elaboración de estudios y proyectos de la red de distribución de Mesa Colorada. En una segunda etapa se propondrá? una ruta de trabajo para realizar el diagnóstico de distribución.
Por parte del gobierno federal participaron: la directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del INPI, Violeta Hernández Andrés, quien estuvo a cargo de la mesa; el representante de la Subsecretaría de Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Irving Alexis González Vásquez.
Del mismo modo, representantes de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); así como de los Institutos Nacionales de Lenguas Indígenas (Inali) y de Antropología e Historia (INAH).
Por parte del gobierno de Sonora, el representante del gobernador Alfonso Durazo Montaño y jefe de su oficina, Rodolfo Castro Valdez; la secretaria de Desarrollo Social, María Wendy Briseño Zuloaga, y el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, así como representantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Salud Pública y Comisión de Vivienda (Coves).
Además, el presidente municipal de Álamos, Víctor Manuel Valderrama Cárdenas, y los gobernadores tradicionales de Mesa Colorada, Raúl Enríquez Cautivo; Los Jacales, Aniceto Enríquez Macario; Los Estrados, José Carmelo Buitimea Armenta; Guajaray, Benito Armenta Ciriaco; Los Bajíos, Lorenzo Buitimea Anaya y Colonia Makurawe, Rodrigo Enríquez Aniceto, así como el representante del gobernador de San José, Wilfrido Parra Enríquez
