Una decisión judicial ha acabado con el programa migratorio, conocido como “Quédate en México”, introducido en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Su implementación obligaba a miles de migrantes a esperar en México hasta la fecha de sus audiencias en territorio estadounidense.
La resolución ha puesto fin a la batalla legal entre la Administración Biden, que quería derogar la medida, y los estados de Texas y Misuri.
Biden suspendió esta hoja de ruta en su primer día en el cargo dejándola pendiente de revisión, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida el pasado diciembre.
Los estados de Texas y Misuri argumentaban en su demanda que terminar con el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), su nombre oficial, representaba una carga para los estados porque los migrantes usan los servicios estatales para conseguir tanto licencias de conducir como atención hospitalaria.
En junio, el Tribunal Supremo dictaminó que el presidente tenía capacidad para derogar el programa.
Tras este fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Alejandro Mayorkas, avanzó en un escueto comunicado que continuaría “sus esfuerzos por terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible”.
El fallo del máximo tribunal devolvió la querella legal a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por Mayorkas.
Ha sido este lunes, cuando el juez federal de Texas, Matthew Kacsmaryk, ha anulado la orden de restablecerlo, en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU.
En un comunicado el departamento dirigido por Mayorkas ha asegurado que ha acogido favorablemente la decisión del magistrado y ha añadido que “se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada”.
Cerca de 5.800 inmigrantes fueron procesados a través de la segunda fase de MPP, la cual fue impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría de estas personas provienen de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.
Para muchos de estos migrantes este programa les aumentaba el estrés y la tortura psicológica, que ya vivían por la naturaleza misma de su situación como migrantes. El tener que quedarse al otro lado de la frontera les provocaba una gran incertidumbre en medio de circunstancias extremas, lo que se convertía en un juego psicológico.
En estas zonas de espera corrían el riesgo de ser secuestrados, extorsionados y violados; además que se les negaba el acceso a servicios básicos como la atención médica, según expresó en un comunicado la Organización no gubernamental Human Rights Wacth.
A inicio de este año esta organización declaró que “La gravedad de los abusos contra los derechos humanos que se han producido como consecuencia del programa ‘Quédate en México’ ha dado lugar a importantes investigaciones, llamamientos a la acción legislativa e impugnaciones judiciales por parte de muchas organizaciones civiles y de derechos humanos de Estados Unidos, México y la región”.
La suspensión de este programa supone tener más oportunidades para empezar una mejor vida, no estar expuestos a bandas criminales y peligros durante la espera de sus audiencias; y tener la esperanza de que por lo menos se reduzca la violación de derechos humanos que este programa produjo.
Información de Euronew
