El vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, acusó esta mañana que hace 14 años los medios de comunicación aprobaron y festejaron la reforma al sistema judicial que incluye la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero ahora el debate no es la prisión preventiva, sino el Presidente de la República.
“La diferencia es como ahora el debate no es la prisión preventiva, es el Presidente de la República, y la política de seguridad del actual gobierno”.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Ramírez Cuevas afirmó que en la presente administración no ha habido violaciones a los derechos humanos, las fuerzas de seguridad no han cometido masacres y ni siquiera hay cateos o allanamientos sin orden de un juez.
“Se han detenido operativos, como aquí se ha dado cuenta, por la falta de órdenes de jueces, que por razones que se desconocen o se puede presumir por actos de corrupción, permiten que los propios delincuentes puedan escapar, pero no hay documentados por la CNDH ni por organismos internacionales, violaciones sistemáticas a los derechos humanos con la política de seguridad como sí ocurrió con la política de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.
El coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, recordó que entre 2008 y 2022 nadie levantó la voz para hablar contra la figura de la prisión preventiva, ni en los medios de comunicación, ni en los espacios académicos, ni en la opinión pública
“Eso lo dejamos a criterio de los ciudadanos que podrán entender la politización del debate, pero sobre todo el peligro de que la figura pueda desaparecer porque eso permitiría la liberación de delincuentes que hacen daño por la sociedad”, aseveró.
Ramírez Cuevas puntualizó que en 2008 se produjeron 2 mil 170 notas y ahora solo un mes se han publicado 3 mil 753 notas.
Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina de la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa abriría la puerta a 92 mil personas que hoy están encarceladas, acusadas de delitos como narcotráfico, secuestro y feminicidio.
“Si se elimina la prisión preventiva como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte no solamente se volvería a la puerta giratoria sino que podemos hablar ahora de una puerta abierta porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delincuentes también de cuello blanco podrían salir mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad”, aseguró.
Al hacer uso de la palabra en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal también alertó que si los ministros de la Corte eliminan la prisión preventiva de la Constitución estarían incurriendo en funciones exclusivas del Poder Legislativo.
“Como está organizado la división de poderes en nuestro país, podría ser, incluso, más grave que la misma medida (de eliminar la prisión preventiva), es decir, si la Corte, en los dos recursos hoy en disputa, un amparo en revisión y una acción de inconstitucionalidad determinaran un artículo constitucional sería la primera vez en la historia del país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erige en un poder constituyente e invalida un artículo de carácter constitucional”, dijo.
Mejía Berdeja explicó que la Corte solamente puede invalidar leyes que atenten contra la Constitución y el único que puede reformar la Constitución, según el artículo 135 de la propia Carta Magna, es el poder constituyente permanente, que está integrado por las dos cámaras del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas de los estados, y Constitución mexicana es la ley suprema de la nación y la Suprema Corte no puede legislar, invalidar, inaplicar algún artículo de nuestra Constitución.
El subsecretario también destacó que la actual figura de la prisión preventiva oficiosa surge de la reforma que se aprobó en el 2008 con 462 votos a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado con 73.
El tema será abordado por los ministros en el Pleno de la Corte, el próximo lunes 5 de septiembre.
