Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD fijaron sus posicionamientos sobre el dictamen que reforma el párrafo primero y adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo Quinto Transitorio del decreto que modifica la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, a fin de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La diputada Andrea Chávez Treviño (Morena) sostuvo que “necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, temporal, subordinada, complementaria y con tareas detalladas, sin lugar a la ambigüedad”. Mientras, continuó, “la Guardia Nacional construye el máximo de su potencial para cuidarte a ti, para cuidar a un país que poco a poco se levanta con dignidad y con mucha esperanza”.
Destacó que se propone crear una comisión bicamaral en la que se rendirá cuentas semestralmente del gasto de recursos, del seguimiento a las posibles violaciones de derechos humanos y del avance en las estrategias de seguridad pública. “Nos urge construir una nueva historia de paz y derechos humanos”; esto, dijo, “no se trata de ganar una votación parlamentaria, esto se trata de devolverle la tranquilidad a las familias trabajadoras que con su esfuerzo han sacado adelante este país”.
Por el PAN, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres argumentó que el dictamen carece de cualquier tipo de razonamiento y motivación sobre las condiciones de excepcionalidad de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública, se limita a proponer la ampliación sin justificar la cantidad de años ni acreditar los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que el presidente de la República continúe disponiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
El diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) expresó que se busca un régimen transitorio para que paulinamente vayan regresando los militares a sus cuarteles en tanto van siendo sustituidos por la policía o Guardia Nacional civil, profesional y capacitada. Planteó impulsar dos leyes: una transitoria, para que regresen los mandos militares a sus cuarteles sin dejar desamparada a la sociedad y otra que regule de manera extraordinaria, excepcional y fiscalizada la actuación de esas Fuerzas Armadas en casos de seguridad nacional.
El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) dijo que es responsabilidad de la Cámara de Diputados tomar decisiones en un tema que exige diseño, estrategia, seguimiento y entendimiento para dar a las instituciones capacidad de acción y corrección en un proceso que requiere de la evaluación y seguimiento permanente. “Estamos ciertos que esta iniciativa nos compromete a tomar un papel más activo que aporte y acompañe”.
El sistema de seguridad pública, agregó, tiene que estar soportado en la concurrencia y coincidencia de esfuerzos municipales, estatales y federales; esta es nuestra convicción y la defenderemos en la discusión del presupuesto en el que insistiremos en este sistema de seguridad pública. “Las y los diputados del PRI seguiremos atentos para que estas tareas extraordinarias de las Fuerzas Armadas sigan siendo desarrolladas correctamente, reguladas y fiscalizadas”.
Por el PVEM, el diputado Carlos Alberto Puente Salas precisó que lo único que se está haciendo es mantener la facultad del titular del Ejecutivo Federal de disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad, “incluyendo algo que es importante: el informe que tendrá que dar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Sostuvo que es necesario el respaldo de las Fuerzas Armadas y “no va a estar militarizado el país”.
De la misma bancada, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt indicó que las circunstancias de inseguridad actuales hacen necesario prorrogar la participación provisional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mientras se consolida la Guardia Nacional. Resaltó que “hoy es necesario consolidar a la Guardia Nacional, dotarla de todos los elementos de los que disponemos actualmente para que pueda hacer frente a este enorme desafío”.
El diputado Pedro Vázquez González (PT) expresó que es un dictamen de gran relevancia para la seguridad y tranquilidad de más de 126 millones de mexicanas y mexicanos y es falso que se militarice la seguridad pública civil a través de cuerpos castrenses. Su objetivo, dijo, es incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública hasta el 2028, con enfoque de derechos humanos y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Por el PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña mencionó que sería una irresponsabilidad que en marzo de 2024 regresen los militares a los cuarteles, en pleno proceso electoral y relevo presidencial, para dejar que el crimen organizado ande a sus anchas. “El Ejército cumple funciones de paz, está aportando a la infraestructura del país y las Fuerzas Armadas han demostrado mejoría en las condiciones de seguridad. Vamos a usar a las Fuerzas Armadas al servicio de la patria y del pueblo”.
En representación de MC, el diputado Jorge Álvarez Máynez dijo que esta iniciativa es una traición para la ciudadanía, pues hoy existen más personas detenidas en las cárceles por el punitivismo y la prisión preventiva; no obstante, hay más delincuentes en las calles y más fosas que nunca en la historia y “eso no lo pueden ocultar ni con su maquinaria de propaganda”.
A su vez, la diputada Julieta Mejía Ibáñez, de MC, señaló que a la militarización pueden fijarle el plazo que quieran, pero mientras no se fortalezca a las policías no habrá forma de desmilitarizar al país. Ante ello, apuntó que esta reforma es un vil engaño, ya que contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales, dijo, establecen que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad deberá ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.
El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores del PRD consideró que la discusión debe centrarse en resolver el problema de fondo, que es la estrategia de seguridad fallida, así como construir una verdadera que permita salir del problema de violencia y sangre en el que estamos inmersos. “No estamos de acuerdo con la militarización del país, respetamos a las Fuerzas Armadas, por ello no estamos de acuerdo en que se les siga exponiendo realizando labores de seguridad pública”.
Puntualizó que no se debe confundir la confianza que se le tiene al Ejército y a las Fuerzas Armadas con la nula estrategia de seguridad pública. “Estamos convencidos de que un verdadero plan nacional de seguridad sería la solución, hagámoslo en consenso, sin colores, sometámoslo a discusión, invitemos a expertos en seguridad, a soldados, a marinos, a mandos de la Guardia Nacional, a miembros de la extinta policía federal y a colectivos de búsqueda”.
