Diputados y diputadas de Morena y PT destacaron la importancia de legislar para prevenir, sancionar y eliminar las conductas de discriminación, hostigamiento y acoso sexual en los centros de trabajo.
Señalaron que los grupos poblacionales que con mayor frecuencia son víctimas de estas acciones son: mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, indígenas o afromexicanos y de la comunidad LGBTIQ+.
Lo anterior, durante el foro “Prevención y atención a la discriminación, hostigamiento y/o acoso sexual en los Centros de Trabajo”, organizado por la diputada Marisol García Segura (Morena), que tuvo lugar en el recinto legislativo de San Lázaro
La diputada Aleida Alavez Ruíz (Morena), vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que la incorporación de este tipo de obligaciones en la ley laboral atiende diferentes recomendaciones internacionales para lograr la igualdad y la no discriminación, así como para acabar con la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y privados.
“El hostigamiento y acoso sexual son violaciones a los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, además constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo, propiciando una inaceptable situación laboral”, afirmó.
Comentó que desde el Poder Legislativo y las políticas públicas se debe coadyuvar para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia; también, implementar un mecanismo de capacitación y promoción de la no discriminación, la igualdad y el respeto.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PT), presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señaló que el problema en México es que la ley laboral no es respetada, por lo que las acciones de discriminación y hostigamiento han sido normalizadas.
“El problema de ley en este momento es que al que discrimina no le pasa nada, tenemos que buscar sanciones ejemplares”, destacó.
Sostuvo que, en el caso del hostigamiento por parte de un servidor público, es oportuno elevar las sanciones y, en su caso, aplicar la inhabilitación, porque no deben violar la ley.
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena), secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social sostuvo que la legislación actual es insuficiente para terminar con las conductas de discriminación, hostigamientos y acoso sexual laboral.
En ese sentido, apuntó que es necesario definir, delimitar y medir el acoso y hostigamientos laboral, el abuso sexual y la violencia laboral, para poder imponer una sanción, toda vez que estas conductas tiene características diferentes, de lo contrario no podrán ser sancionadas.
“Es preciso reformar la Ley Federal del Trabajo y Previsión Social, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir las conductas y pueda haber una sanción,” indicó.
Explicó que el hostigamiento, acoso sexual y violencia laboral se pueden presentar de forma vertical descendente y ascendente, y horizontal, es decir, de los jefes a los empleados o viceversa, o entre subalterno; los daños pueden ser físicos, verbales, materiales o morales.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, acusó que las leyes en materia de acoso y hostigamiento laboral actualmente no son justas, especialmente para las mujeres, pues no tienen todavía las mismas condiciones, oportunidades y salarios que los varones.
“Cuando acabamos la universidad o cuando tenemos ganas, después de haber sido madres, de incorporarnos a la vida laboral tenemos trabas y estos ‘no’ retirados; aparte, cuando por fin logramos incorporarnos a trabajar, sufrimos hostigamiento y acoso laboral.
“A las mujeres siempre en el trabajo nos exigen el doble, si nos equivocamos la represión, el regaño es hasta público y mayor porque somos mujeres, y el salario es menor que el de los hombres sin justificación alguna”, señaló.
Por ello, subrayó que es primordial legislar en esta materia para crear condiciones para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades que los hombres y sancionar las conductas de discriminación, el hostigamiento y acoso laboral.
La diputada Nelly Carrasco Godínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subrayó que, de acuerdo con la estadística oficial, en México las mujeres enfrentan con mayor frecuencia agresiones de este tipo, siendo Chihuahua, Ciudad de México y Baja California las entidades donde prevale la violencia laboral; mientras que los de menor ocurrencia son Guerrero, Zacatecas y Chiapas.
“De acuerdo con datos reflejados en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 27.9 por ciento del total de mujeres encuestadas han sido víctima de violencia laboral a lo largo de su vida, siendo la discriminación que en gran medida han experimentado dentro de sus centros de trabajo. En un 21.7 por ciento le siguen la violencia sexual, con 14.4 por ciento la violencia psicológica y 12.2 por ciento la física”, compartió.
Destacó que el 21.7 por ciento de las mujeres que sufrieron de discriminación ha sido al obtener menos oportunidades de ascender en algún puesto, recibir un salario menor al de un hombre pese a hacer las mismas actividades, se ven limitadas para realizar tareas o funciones supuestamente exclusivamente para varones.
La diputada Marisol García Segura, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, reiteró que existe la necesidad de implementar multas para sancionar la discriminación ejercida en los centros laborales, y promover la información en todo el país para combatir la discriminación, el acoso y el hostigamiento.
“La discriminación es un acto generalizado y estructural que incrementa la desigualdad, sobre todo, en las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, personas de la comunidad LGBTIQ+ e identidad de género, así como los grupos indígenas. Son los sectores en donde más se concentran estos actos”.
Finalmente, la diputada enfatizó en la urgencia de reformar la Ley Federal del Trabajo para erradicar y sancionar estos abusos.
Paolo Cesar Flores Mancilla, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualizó que la discriminación en este país es una acción generalizada estructurada que la mayor parte de la población ha padecido, por apariencia física, alguna condición de discapacidad, socioeconómica, o a los grupos vulnerables.
“Es muy importante que, como sociedad, prevengamos la discriminación y generemos un cambio cultural para evitar este tipo de conductas. Uno de los espacios donde más se discrimina es el espacio laboral, después de la familia, escuela, vecindario y el espacio público”, acotó.
Los motivos más frecuentes de discriminación son: por ser mujeres y, particularmente, estar embarazadas. “Las empresas siguen teniendo prácticas prohibidas como pedir pruebas de embarazo y condicionar la contratación al número de hijos y estado civil”, agregó.
Luisa Paola Flores Rodríguez, subdirectora de Análisis Legislativo del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), indicó que esta instancia combate la discriminación laboral y en general desde dos enfoques: el de derechos humanos y de la diversidad humana, es decir, pensando en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas y la diversidad de géneros.
Indicó que el derecho humano a la igualdad y no discriminación tiene un carácter relacional con algún otro derecho como es el caso del derecho al trabajo y se ve vulnerado cuando uno es rechazado por ser mujer, por estar embarazada, tener una orientación sexual o identidad de género no normativa y una serie de categorías por la cuales se discrimina.
Explicó que para combatir estas conductas el Conapred cuenta con el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (PRONAIND), un instrumento de política pública que es de carácter especial y transversal para toda la administración pública federal que se busca combatir la discriminación y proteger el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la justicia, el cual también parte de diagnósticos generales.
Enfatizó también que el Cenapred planteó reformas a la Ley Federal del Trabajo justamente para conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar.
