Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República.
Ello en virtud de que, conforme a los estándares del GAFI en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros.
En esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.
Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.
Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la PEP recibió $2.8 MDD por concepto de un retorno de inversión del extranjero. Además, en el periodo de 2020 a 2021 la PEP colocó en el extranjero $26.5 MDP en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.
En consecuencia, el 14 de noviembre de 2022 estos indicios se hicieron del conocimiento a la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
