Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, impulsada por las familias de personas desaparecidas y publicada hace cinco años, creó obligaciones específicas para diferentes autoridades del Estado mexicano, relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de los hechos.
Desde el Gobierno de México se han reconocido las crisis de desaparición y forense, y se ha trabajado de la mano de las familias de personas desaparecidas, con autoridades federales y estatales, así como con cooperación internacional y organismos internacionales, en la construcción de una respuesta de Estado.
Durante la presente administración, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación se ha consolidado un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que permite tener un acercamiento a la realidad de la crisis en la materia; se construyeron, de manera participativa, los Protocolos Homologado de Búsqueda y el de Búsqueda de niñas, niños y adolescentes, y se trabaja en la armonización de los mecanismos de búsqueda con enfoque de género; se ha desarrollado el Sistema ‘Angelus’ para la búsqueda de personas desaparecidas por la contrainsurgencia; y se aprobaron los Lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI).
Asimismo, se instaló la mayoría de las comisiones locales de búsqueda en cuyo fortalecimiento el gobierno federal ha invertido más de mil 800 millones de pesos; y ha habido un aumento presupuestal y de personal desde el gobierno federal para la búsqueda de personas. Por primera vez se hacen cruces masivos de información interinstitucional en la búsqueda de personas desaparecidas, resultando en la generación de miles de indicios de localización, y se construye una metodología de análisis de contexto con fines de búsqueda. Es importante recordar, además, que México aceptó la competencia contenciosa del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas y fue el primer país en recibir su visita oficial, luego de haber sido solicitada desde 2013.
En materia forense, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, los centros en San Luis Potosí, Tamaulipas y Jalisco, así como infraestructura en varios estados del país, todo ello a través de recurso federal. Asimismo, la CNB construye una base de datos nacional sobre inhumaciones en fosas comunes, compila un registro sobre fosas clandestinas y ha realizado miles de jornadas de búsqueda en campo.
En abril de 2022 se aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma remitida por el Ejecutivo federal para crear el Centro Nacional de Identificación Humana, el único en su tipo creado por un Estado dedicado a la búsqueda forense de personas desaparecidas con un enfoque masivo. Asimismo, se impulsa una política pública en materia forense con dicha visión.
Actualmente, desde la CNB, como coordinadora, se trabaja en la construcción del proyecto de reglamento de la Ley General, en el Programa Nacional de Búsqueda, en programas regionales de búsqueda, y constantemente se trabaja en el diseño, desarrollo y mejora de herramientas tecnológicas para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Cabe resaltar que están pendientes otras herramientas fundamentales para la búsqueda de personas, previstas en la Ley General, como el Banco de Datos Forenses, el Registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el Registro Nacional de Fosas, y el Programa de Exhumaciones, a cuya construcción está obligada la Fiscalía General de la República (FGR).
A cinco años de la publicación de la Ley General es fundamental llevar a cabo, desde todas las instituciones, un balance de los avances y los retos que permanecen para hacerla efectiva, y asumir, todas, la obligación del Estado mexicano en la búsqueda e investigación, para garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las personas desaparecidas, de sus familias y de la sociedad en general.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, se reitera la obligación y compromiso en la consolidación de una política pública de Estado, siempre con las familias al centro.
