Autoridades nacionales y la representación del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), se reunieron este martes 29 de noviembre en el Archivo General de la Nación (AGN) para realizar un reconocimiento de la situación que se vive en torno a la protección y restitución de documentos históricos que constituyen Patrimonio Documental de la Nación y hacer un recuento de los logros alcanzados en la materia.
Durante la inauguración del foro, Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del AGN, recapituló algunas de las problemáticas que enfrentan los archivos del país y que los vuelven vulnerables, destacando la carencia de instrumentos de control y de consulta archivísticos que permitan demostrar la procedencia de los documentos, y una debilidad institucional manifestada en falta de presupuesto para la adecuada preservación y control de los documentos, derivada de la falta de interés que la mayoría de los gobiernos prestan a sus archivos.
Para iniciar las reflexiones, Kenneth Smith, agregado legal adjunto del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México, apreció el trabajo de coordinación entablado con el AGN para la identificación y autenticación de un documento cortesiano que sería subastado en junio de 2022 en Massachusetts, EUA, por RR Auction, coordinación que le permitió al FBI contar con los elementos necesarios para lograr una orden de incautación y recuperar el documento, que actualmente está en su posesión en sus oficinas de Boston y se espera que en un futuro cercano esté de regreso en México. A partir de este antecedente, Smith manifiesta su interés y disposición para entablar coordinación directa para futuros casos, de tal manera que la reacción de las autoridades estadunidenses pueda darse de manera expedita.
En seguida, Alberto Ramos Ramos, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en Leyes Especiales, de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que gracias a la experiencia que se ha tenido en los últimos dos años con el AGN, ahora la respuesta de la FGR ante casos sospechosos de tráfico ilícito de documentos históricos es más ágil, atendiendo también a una indicación directa que ha dado el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de tal manera que en cuanto el AGN reporta indicios de un documento histórico siendo comercializado, de inmediato se procede a coordinar los peritajes necesarios.
También estuvo presente el Inspector General Rodrigo Alarcón Peña, Coordinador del Batallón de Patrimonio Cultural de la Guardia Nacional, quien refrendó la disposición del Batallón para continuar coadyuvando con el AGN en la recuperación de Patrimonio Documental de la Nación, como ha sido el caso durante 2022, año en el cual el AGN ha participado en la capacitación de sus elementos en torno al reconocimiento de documentos históricos que constituyan Patrimonio Documental de la Nación, así como en el tratamiento y manipulación adecuados de estos documentos, a fin de seguir el protocolo en caso de que se aseguren estos bienes.
Por su parte Salvador Tinajero Esquivel, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló las tres vías de las que dispone el Estado mexicano para gestionar la restitución de bienes culturales:
La primera es la vía judicial, que es compleja y tardada y se puede complicar porque suele haber choques con las legislaciones en derecho privado de otros países. La segunda vía es a través de la acción policiaca y la cooperación internacional, que ha sido el método más eficiente, particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica para el caso de documentos históricos y que a la fecha ha aportado ya grandes frutos. Y la tercer vía es la “public awareness”, es decir, apelar a la consciencia pública y la sensibilidad que los poseedores de bienes culturales traficados ilícitamente puedan mostrar para cooperar y acceder a regresar los bienes, para esta última vía resulta indispensable contar con un fondo que permita recompensar la buena fe de los poseedores para entregar los bienes culturales, ante este escenario, el Archivo General de la Nación analiza la posibilidad de impulsar un fondo específico para la recuperación de documentos históricos que constituyan Patrimonio Documental de la Nación.
De manera remota se contó con la participación de la investigadora María del Cármen Martínez Martínez, de la Universidad de Valladolid, quien fue actor clave para acreditar el origen de los 16 documentos cortesianos, recuperados en febrero de 2022. Durante su participación, recordó los hechos que le permitieron brindar los elementos necesarios para demostrar que los documentos pertenecían al AGN.
Para cerrar el foro, Marco Palafox Schmid, Director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del AGN y coordinador de la estrategia que ha implementado el AGN para la protección y restitución de patrimonio documental, refirió los principales aprendizajes que les ha dejado el enfrentarse a 4 casos emblemáticos de sustracción de documentos históricos del AGN e identificados en los últimos dos años: por sorprendente que parezca, el AGN carecía de un protocolo de actuación ante la identificación de pérdidas o sustracción de documentos históricos, ahora ya se cuenta con un protocolo específico en la materia y se ha normado el criterio adecuado para poder presentar ante las instancias judiciales, casos en los que se denuncie la sustracción de Patrimonio Documental de la Nación.
Palafox Schmid destacó también la importancia de trabajar de cerca con los investigadores usuarios de los archivos para poder reforzar la identificación y acreditación del origen de documentos sustraídos, como sucedió con una serie de documentos ofertados por una casa de subastas en México a finales del 2020.
Finalmente, reiteró que el AGN está impulsando a través del Consejo Nacional de Archivos, un Test Argumentativo que será una herramienta que permita identificar con un parámetro objetivo y técnico, el valor de un documento antiguo que sea comercializado o se encuentre en posesión de particulares y que muestre indicios de constituir Patrimonio Documental de la Nación. Este instrumento permitirá fortalecer los elementos probatorios y tener una primera valoración fiable sobre el valor del documento.
