El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) promueve una iniciativa para reformar el Código de Comercio, a fin de que en la Carta Porte (CP) o contrato de prestación del servicio de transporte federal de mercancías, se establezca el precio del mismo y su plazo de pago en un término no mayor a treinta días después de la entrega o realización.
Destacó que el objetivo es otorgar a los transportistas terrestres del país un andamiaje jurídico de “piso parejo” desde el momento de la emisión de la CP y “también dentro de las obligaciones del cargador, así como los derechos del porteador”.
Por ello, propone reformar los artículos 581, fracción V; 588, fracción V, y 591, fracción II, del Código de Comercio, para establecer que el cargador (cliente) está obligado “a pagar el porte o servicio en el momento de la entrega de la carga en el lugar acordado o en los tiempos convenidos en el contrato, dentro de un plazo no mayor a treinta días”.
En la propuesta remitida a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, el diputado por Coahuila destacó que las empresas del autotransporte de carga se han vuelto incosteables con respecto a sus gastos de operación y que las menos afortunadas han quebrado por falta de solvencia, ante la imposibilidad económica de financiar a los grandes consorcios.
Explicó que el contrato de transporte terrestre es un acuerdo de voluntades, donde se pactan derechos y obligaciones por las partes en materia de autotransporte ya sea de carga o de pasajeros. Para el caso de la carga, el cliente (cargador) del transportista (porteador) tarda o abusa en cuanto el tiempo en que le pagan el flete al prestador del servicio.
“Gran parte de las empresas o clientes que utilizan el servicio de carga federal abusan de la buena voluntad de las y los transportistas del país, ya que, a pesar de firmar contratos con fechas de pago medianamente viables, atrasan incluso en meses los pagos a las mujeres y los hombres camión”, afirmó.
Refirió que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 97.5 por ciento de los prestadores del servicio de autotransporte de carga son micro y pequeño empresario, quienes operan de una a 30 unidades y atienden el 50 por ciento del mercado nacional.
“Este modelo de financiamiento que utilizan los grandes industriales a costa de las utilidades de las y los pequeños y medianos empresarios de transporte, es insostenible”, aseguró.
El diputado Borrego Adame subrayó que por esa razón es imprescindible darle “piso parejo” a las y los transportistas de carga federal, para que a través de esta reforma al Código de Comercio no haya más víctimas de los abusos de algunos clientes y se pueda establecer un término prudente, a fin de que cobren en tiempo y forma el monto por el servicio prestado.
