Es necesario adaptar los Acuerdos a todos los pueblos originarios: diputado Alfredo Vázquez
La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación realizó el Foro virtual “A 27 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, documento suscrito entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, con el objeto de visibilizar y atender la agenda de los pueblos indígenas en materia de familia, pequeños propietarios, desplazados y docentes en zonas marginadas.
Durante su discurso inaugural, el diputado presidente de esta instancia legislativa Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) resaltó la necesidad de adaptar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar a todos los pueblos originarios, pues a 27 años de la firma de estos Acuerdos se siguen incumpliendo, por lo que es importante colocar en la agenda política temas como la protección y el desarrollo de conocimientos tradicionales, cambio climático y recursos genéticos.
Explicó la necesidad de adaptar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar a todos los pueblos originarios, “hay que ponerlos en la agenda nacional, entre ellos, a las juventudes indígenas”.
Mesa 1. Los acuerdos de San Andrés Larráinzar: la agenda indígena pendiente
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), comentó que hay avances en materia de incorporación del pluralismo étnico y obligatoriedad transversal a todos los derechos que compete. “Este pluralismo es con el propósito de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte fundamental de la cultura”.
Sin embargo, agregó, a 27 años de su firma, los Acuerdos no se han cumplido en su totalidad, debido a la falta de voluntad política de los gobiernos y los congresos que no han querido atender las exigencias de desarrollo, bienestar y reparación del daño a las personas desplazadas.
“Mi compromiso es trabajar de la mano con el único propósito de saldar esta deuda que ha persistido por más de tres lustros y poder ver en el próximo presupuesto reflejado en números esta realidad”, manifestó.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo votos para que se retomen los Acuerdos de San Andrés en una reforma constitucional. Dijo que, a 27 años de los mismos, están atorados; la visión hacia los pueblos indígenas sigue siendo de pobreza, y tiene que ser una visión de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
“De qué sirve que hagamos leyes para que el INALI traduzca a lenguas indígenas el Himno Nacional, traduzca materiales sobre cualquier enfermedad, si no le damos los recursos suficientes”, explicó la senadora.
Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), pidió desempolvar la propuesta de la reforma constitucional sobre derechos de pueblos indígenas.
“Esperemos que se envíe al Congreso de la Unión para que se dé un gran debate nacional”. Puntualizó que entre los temas pendientes están: personalidad jurídica, derecho a la consulta, a la representación y participación política, y los derechos específicos de las mujeres.
Mesa 2. Panorama actual de los derechos de los pueblos indígenas y la propuesta de reforma constitucional
Durante esta mesa, la doctora María de los Ángeles Gordillo Castañeda, coordinadora técnica de Planeación Intercultural y Gestión Administrativa de la Subsecretaría de Educación Superior, explicó que la lucha por el poder social provoca una distancia entre los pueblos indígenas con las y los ciudadanos en todo el país, por lo que solicitó la intervención del Congreso de la Unión para lograr una armonización integral a favor de los pueblos indígenas del país.
Por su parte, el doctor Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general de Planeación, Investigación y Evaluación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reflexionó sobre la necesidad de que las comunidades indígenas tengan garantías sobre el control de sus tierras; sin embargo, estas siguen siendo tema de la explotación de grandes empresas. Agregó que el problema se hace más amplio, ya que cada comunidad mantiene reglas internas que hacen más complejo garantizar este derecho humano.
En su oportunidad y de manera remota, la maestra Larisa Ortiz Quintero, magistrada de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, resaltó la importancia de la interacción de ambas cámaras del Congreso de la Unión, porque sólo sería “un monólogo”; por ello pidió salir de la retórica y hacer valer los derechos humanos de las personas indígenas.
Mesa 3. La deuda histórica con las personas desplazadas y con los docentes indígenas de Chiapas
Vía zoom, Maximino Muñoz de la Cruz, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, habló sobre las reparaciones por las injusticias históricas hacia los pueblos indígenas por el despojo de tierras, de identidad, imposición de políticas públicas paternalistas, asistencialistas y la imposición de la religión.
Preguntó si el Estado y las instancias de justicia están capacitados para entender, investigar y resolver las demandas que surjan por el reclamo de las comunidades indígenas.
Por su parte, Julián Méndez Córdova, representante de los desplazados internos de Chiapas, dijo que el conflicto armado los ha afectado porque “supuestamente no hay un marco jurídico donde nos puedan atender e indemnizar por las tierras que fueron despojadas por las comunidades zapatistas, por lo que solicitó al Congreso que retome este tema”. Pidió que en el presupuesto 2023 exista una partida para un programa emergente que atienda a los grupos de desplazados.
A su vez, Rey David Gutiérrez Gómez, representante de los docentes indígenas del Proyecto Educador Comunitario Indígena, solicitó que el gobierno reconozca los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y sus derechos como trabajadores de educación. Es importante, puntualizó, reconocer la lengua indígena y la educación pluricultural.
Al clausurar el foro, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez indicó que este tema es relevante por lo que se tiene que plasmar en la legislación. “A 27 años de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar es necesario reformar la Ley Cocopa, hay que hacer ajustes para lograr la verdadera justicia”.
