El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este miércoles que no está de acuerdo con el “derecho al olvido”.
Cuestionado sobre si conoce la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, el Presidente respondió que la conoce pero nunca estará de acuerdo con que se censuren “las benditas redes sociales”.
“No estoy de acuerdo. Yo lo que he dicho es perdón sí, olvido no”, subrayó el mandatario.
En ese sentido, el texto propuesto por el coordinador de Morena en el Senado pretende reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
“Se busca reconocer este derecho para que los titulares puedan ejecutar acciones como el cambio de nómina hacia otra institución bancaria, el cambio de crédito bancario o deuda hipotecaria e incluso, el traslado de los expedientes médicos de una institución médica a otra sin ninguna demora o procedimiento innecesario”, explicó el Senador.
De acuerdo con su iniciativa, los datos personales digitalizados son “aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito, y demás información”.
Sin embargo, diversas organizaciones han señalado que su aprobación permitiría la eliminación de contenidos en medios digitales sobre crímenes ya juzgados, cuando los responsables hayan cumplido condena, o no juzgados, cuando el delito prescribió.
De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), representa una seria amenaza al derecho a la libertad de expresión, pues la posibilidad de “cancelar de manera inmediata y definitiva” datos personales a solicitud del titular atenta gravemente contra la libertad de expresión al facultar la supresión de información de interés público mediante una interpretación errada y maliciosa del derecho a la privacidad y la protección de los datos personales; en concreto, del derecho de cancelación.
“Bajo esta óptica, por ejemplo, un funcionario que haya incurrido en actos de corrupción podría apelar a la eliminación de una nota periodística, bajo el argumento de que su delito ya prescribió o porque ha cumplido su condena. Esto es contrario al derecho de las personas a mantenerse informadas, permitiendo el borrado de información que, si bien puede ser incómoda para un individuo, debe ser preservada por considerarse de interés público”, señala un comunicado de la organización.
