La presidenta de facto en Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó este jueves la ley de convocatoria a elecciones que aprobó la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS). El partido del que forma parte Evo Morales, quiere las elecciones a más tardar los primeros días de agosto; el gobierno de facto, en septiembre.
“Doy esta ley inmoral por observada y rechazada” señaló en una declaración escrita, luego de que la Asamblea desestimara las observaciones que la presidenta había planteado a la ley y ordenara a la titular del Senado, Eva Copa, que la promulgara. Este acto es posible en el Derecho boliviano, ya que la Constitución no admite el veto presidencial de una ley.
Sin embargo, en este caso, el oficialismo de facto considera que ha sido ilegal por cuestiones formales. Con esta decisión la realización de las elecciones en el país sudamericano ha quedado sujeta a una disputa jurídica entre el Parlamento y el Gobierno de facto.
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— Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) May 1, 2020
Esta crisis política al medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 entre los dos principales poderes del Estado se debe a la fecha de las elecciones, en debate desde el Golpe de Estado contra Evo Morales el pasado noviembre. Según la ley que la Asamblea Legislativa aprobó y promulgó los comicios deberían efectuarse en los últimos días de julio. El oficialismo, por su parte, defiende un proyecto que le da al Tribunal Constitucional la facultad de decidir la fecha en un plazo que se extiende hasta septiembre.
Su argumento, es que hacerlo en julio podrían causar “miles de contagios y cientos de muertes” por la crisis sanitaria. En Bolivia se registran mil 167 casos confirmados y 62 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins.
En principio, las elecciones habían sido planificadas para el 3 de mayo, pero en marzo el cronograma fue suspendido debido a que el país se halla en confinamiento total hasta el 10 de mayo y pretende retornar progresivamente al trabajo a partir de este día.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería llevar a cabo los comicios a más tardar el domingo 2 de agosto, aunque el Gobierno ha anunciado que presentará la próxima semana una demanda contra esa decisión congresal ante el Tribunal Constitucional.
Áñez se negó a firmar la norma alegando que fijar ese plazo constituía un “atentado gravísimo contra la salud” de los bolivianos debido a los riesgos de expansión del coronavirus durante el invierno que se espera desde junio.
