El Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó, modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a fin de que sea derecho de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad, salir del centro especializado, bajo las medidas de seguridad pertinente, para acudir al sepelio de quien ejerciera la patria potestad, tutela o cuidado.
Con 442 votos a favor, cero en contra y una abstención, se avalaron reformas a los artículos 46 y 263 de dicha ley, que también establecen que serán derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad, la atención y tratamiento psicológico.
Asimismo, señala que las autoridades de los planteles de educación, promoverán que la educación que se imparta a las personas adolescentes incluya proporcionarles tratamiento psicológico, por lo que el dictamen se turno ante la Cámara Alta para sus efectos constitucionales.
Para la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada panista Pilar Ortega Martínez, refirió que, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, las personas menores de edad inician su vida delictiva a temprana edad si tienen algún trauma psicológico o emocional tales como haber perdido a sus padres biológicos o tener un familiar en reclusión o la violencia al interior de su familia, por lo que su crianza y cuidado termina dependiendo de otras personas.
Por ello, las reformas, plantean la posibilidad de que los adolescentes puedan salir de los centros especializados para acudir al sepelio o lecho de muerte de quien ejerciera su patria protestad, tutela o cuidado, “pues ante la pérdida de una figura significativa en la vida de estas personas resulta fundamental ofrecerles la oportunidad de participar en los rituales de despedida”.
La legisladora agregó que la reforma “resulta fundamental en un contexto como el de la contingencia sanitaria en la cual el número de decesos han incrementado considerablemente”.
Asimismo, se prevé un integral desarrollo de las y los jóvenes a partir de la ampliación de los derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad, con el objetivo de brindarles atención, asistencia y tratamiento psicológico y se contempla la proporción de un tratamiento psicológico por parte de las autoridades directivas de los planteles de educación.
Enfatizó que con esta reforma se da un gran paso hacia la consolidación de un sistema integral de justicia adolescente capaz de comprender cada una de sus necesidades para un idóneo desarrollo.
