De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), que ha registrado los crímenes contra mujeres por razones de género desde el año 2008, los índices de feminicidios en el estado Yucatán y sus 106 municipios han fluctuado notablemente a lo largo de los últimos diez años. Han contabilizado 63 feminicidios, 107 muertes violentas, 7 procesos penales y únicamente dos sentencias.
Además de detallar los casos y sus resoluciones, registrados gracias a investigaciones bibliográficas y boletines de prensa, la página pone a disposición del público una gráfica con los años más violentos en la península.
El año 2008, cuando todavía el feminicidio no estaba tipificado como delito, se coronó con nueve crímenes de este tipo perpetrados durante la gubernatura del panista Patricio Patrón Laviada. Posteriormente, los años más violentos fueron 2012, 2013; y más recientemente 2017 y 2018, que abarcaron las gubernaturas de los priistas Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello. Este último concluyó su mandato con 6 feminicidios en 2017 y al menos cinco en 2018, y bajo la presión de organizaciones y activistas que le solicitaron declarar en la la entidad la alerta de género, petición a la que se negó pese a que una parte de los casos continúan sin una resolución jurídica.
En este sentido, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dijo a las organizaciones que encontró improcedente la declaración de alerta de género “porque no encontraron elementos suficientes para ello”. Agregaron que el Gobierno cumplió puntualmente las acciones preventivas, además de “atender, sancionar y erradicar el problema”.
El director jurídico de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), José Gómez-Huerta Suárez, dijo a la prensa que, tras seis meses de trabajo entre el Ejecutivo estatal y la ciudadanía, el Estado “garantizó a las mujeres una vida libre de violencia”, por lo que no había elementos suficientes para declarar la alerta de género. El dictamen se lo entregó a la secretaria de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, así como a representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“Por el momento no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en Yucatán”, reza el documento. “Sin embargo, se valorarán periódicamente las acciones que se continúen ejecutado”.
Escudo Yucatán, una estrategia de seguridad pública encabezada por Zapata Bello que recibió una inversión de mil 200 millones de pesos para capacitar a la policía y crear comités de vigilancia vecinal, ha sido calificado como un proyecto mal desarrollado. Tanto activistas como políticos han denunciado que la capacitación a los policías duró menos de un año y la tasa delictiva ha aumentado.
La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Yucatán, Silvia López Escoffié, dijo durante una rueda de prensa que lo que ha dado resultados ha sido la organización ciudadana y “no la participación de las autoridades”.
“El programa Escudo Yucatán demostró su ineficacia ante el aumento del índice delictivo en Yucatán. Son mil 200 millones de pesos de presupuesto mal usados por el gobierno del Estado para hacer actos proselitista del candidato del PRI y no para fortalecer los programas de seguridad”, apuntó Escoffié.
Por otra parte, investigaciones periodísticas —como la crónica Policía de la decencia blanca escrita por el periodista Jesús Koyoc Kú o el informe de Amnistía Internacional titulado “Falsas sospechas”, ambos publicados en 2017—registraron casos severos de brutalidad policial por parte de los efectivos que recibieron las capacitaciones del Escudo Yucatán, amén que realizaron arrestos ilegales y violaciones a los derechos humanos, inclusive contra menores de edad.
Los casos de 2017 y 2018
En total, 2017 y 2018 suman once feminicidios, las cifras más altas desde hace tres años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Emma Gabriela Molina, perpetrado en 27 de marzo de 2017.
Cuando abría el portón de su casa, ubicada en el Fraccionamiento San Luis, municipio de Mérida, dos sujetos le propinaron una docena de puñaladas en el cuello, el pecho y las costillas. Poco después salió a la luz que eran sicarios contratados por su ex pareja Martín Medina Sonda, con quien libraba una batalla legal por la custodia de sus hijos desde el año 2012 y quien los contrató mientras se encontraba recluido en una cárcel del estado de Tabasco.
Marcha por el feminicidio de Emma Gabriela Molina.Independientemente del proceso contra su ex pareja, en el cual incluso el presidente Enrique Peña Nieto prometió tomar acciones, en los tribunales el caso no fue tipificado en primera instancia como un feminicidio, ya que el Código Penal de Yucatán no contemplaba cuatro cláusulas que sí están estipuladas en el Código Penal Federal. Ante esto, activistas y organizaciones se manifestaron para conseguir la homologación de los códigos. Tras una revisión legal, el delito fue tipificado como feminicidio. Los responsables pagarán condenas de cuarenta años de cárcel, mientras que Medina Sonda enfrentará un cargo por feminicidio.
Otro caso, ocurrido en 2017, fue el feminicidio de Guadalupe “N”. Cuatros sujetos la interceptaron, la violaron tumultuariamente y arrojaron su cuerpo sobre una calzada. Hasta el momento no hay ningún responsable por el caso ni posicionamientos oficiales, de acuerdo con los registros de la página Feminicidio Yucatán, dirigida por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.
El caso más difundido de 2018 fue el de de Ana Cristina “N”, de 6 años de edad, encontrada con huellas de estrangulamiento y violación en el fondo de un pozo en Tahdziú, municipio catalogado en 2014 por la revista Forbes como uno de los más pobres de América Latina. Cuando atravesaba una brecha de monte, su vecino, identificado como Carlos Felipe “N”, la violó, estranguló, golpeó su rostro inerte y arrojó su cadáver a un pozo con 30 metros de profundidad. Con apenas 19 años, Carlos Felipe “N” conocía la cárcel pública. Pagó pequeñas condenas en dos ocasiones y, de acuerdo con declaraciones de la policía municipal, en Tahdziú lo acusaron por dos agresiones sexuales contra mujeres de la comunidad.
Apenas dos semanas después del caso de Ana Cristina, aconteció el intento de violación de una niña de ocho años, residente de Bellavista, apuñalada en el cuello y la costilla, en tanto su agresor la intentaba arrastrar a un predio abandonado; el de una niña y su madre, agredidas sexualmente por la pareja de la primera en el municipio de Motul; y el feminicidio de una mujer embarazada en Kanasín, que fue privada de la libertad al menos quince días y asfixiada con una bolsa plástica.
“Como defensor de los derechos del pueblo yucateco hago también un enérgico llamado a las autoridades de procuración de justicia para que atiendan con prontitud cada uno de los casos, considerando el derecho de las familias a la justicia y a la seguridad”, dijo el encargado de la Presidencia de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana.
Por otra parte, Nancy Walker Olvera, integrante de Feministas Peninsulares, dijo que “seguirán alerta” para que las autoridades decreten la alerta de violencia de género. “Queremos que cumplan para que dejemos de ser objetos de discurso y seamos objetos de derecho”, señaló.
