Jenaro Villamil comenta la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones a los derechos a la vida, al acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a la salud, que habrían sido cometidas contra más de 600 víctimas del caso Ayotzinapa. La Comisión denunció vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado, mismos que habrían permitido la desaparición de los 43 estudiantes. “La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”, aseguró el ombudsman Luis Raúl González Pérez.