El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que existen ocho candidatos, seis de ellos varones, para aspirar al cargo de Fiscal General de la República, y se espera que lleguen más nombres para el plazo que vence el próximo lunes 31 de diciembre de 2018.
“Es una convocatoria abierta, pueden participar todos, organizaciones no gubernamentales, academias, universidades, senadores, senadoras, diputados, diputadas, gobernadores. Vamos a esperar de aquí al lunes que es cuando cerramos el plazo”, afirmó el también coordinador de la bancada mayoritaria de Morena.
En conferencia de prensa, Monreal evitó dar a conocer los nombres de los aspirantes inscritos hasta ahora, aunque versiones del mismo Senado señalan que uno de los más fuertes candidatos sería el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, quien trabajó con Andrés Manuel López Obrador cuando éste fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2006.
Por otro lado, también afirmó que el Poder Legislativo se unirá a esta campaña en contra del robo de combustibles de Pemex, al incorporar el huachicoleo como delito grave en el artículo 19 constitucional, así como legislar en materia de facturas apócrifas.
“Me parece correcto que tiene que desnudar toda la red de espionaje en Pemex, que servía a su vez como una red de operación ilegal. Es combinado este espionaje porque tenían que saber dónde están las refinerías, dónde los centros de distribución de combustible, cómo se robaban las pipas, cómo se permitía la ordeña de ductos, cómo se comercializaba, quién compraba esas 600 pipas, a diario”, abundó el legislador morenista.
“Por fin, un presidente de la República se atreve a emprender una cruzada contra quienes hacen negocios, vendiendo facturas falsas y quebrantando al erario público, evadiendo el pago de impuestos”, destacó Monreal al abundar sobre el otro tema de las facturas apócrifas.
Monreal calculó que “conservadoramente” el tema del robo de combustibles y de las facturas falsas representan un quebranto de 200 mil millones de pesos “que no entraban al erario, que disponían legalmente mafias, redes y que ahora no van a poder”.
