A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a sus familiares y ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) revisar las posibles irregularidades cometidas durante las primeras investigaciones del caso por parte de funcionarios de la PGR, que laboraron durante el gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto.
Las ONGs que han apoyado a los padres desde 2014 publicaron un comunicado en el que informan que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa “dejó sin efectos la resolución por la Visitaduría General de la PGR”, que con anterioridad consideró como “menores” las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios de la propia institución.
“Llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad”, apuntaron las organizaciones en el comunicado.
El Juez ordenó a la Visitaduría General de la PGR (ahora identificada como Fiscalía General del Estado) que se “emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva” y que profundice en la “trascendencia penal de las conductas cometidas”. Asimismo, destaca que las investigaciones anteriores sobre el caso no fueron “congruentes”.
“Es importante recordar que la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que, a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, se produjo un viraje ‘lamentable’ que significaba una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, reza la sentencia.
